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Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció ante la SEC norteamericana que enfrenta riesgos asociados al robo de combustibles, conocido como “huachicol”.
En su reporte al tercer trimestre del año enviado este mes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Pemex advierte que el también llamado “huachicol fiscal”, es decir, las importaciones no declaradas de gasolinas, diésel y otros combustibles, representan uno de sus mayores riesgos operativos.
El documento, remitido por José Alberto Jiménez Hernández, subdirector de Finanzas de la petrolera estatal, reconoce que estas actividades ilegales mantienen un impacto directo en las operaciones, las finanzas y la seguridad de la empresa.
Detalla que Pemex se encuentra en una “alta exposición” a actos criminales dirigidos al robo, desvío y manipulación de petróleo crudo, gas natural y productos refinados, principalmente a través de las tomas clandestinas perforadas en su red de ductos.
En cuanto al huachicol, refirió que continúa provocando pérdidas en sus ingresos, con afectaciones a la infraestructura, principalmente de ductos, además de poner en riesgo la seguridad del personal y las comunidades donde opera.
El informe subraya además que estas actividades ilegales merman su capacidad para garantizar el suministro de energéticos.
En octubre pasado, Pemex bajo el mando de Víctor Rodríguez Padilla informó que durante el primer año de la administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo, se había logrado inhabilitar unas 2 mil tomas clandestinas en ductos de Pemex, además de recuperar alrededor de 98 millones de litros de combustibles que se comercializaban en el mercado negro.
Aun con ello, en su informe al regulador estadounidense, Pemex reconoció que estas acciones no han producido “mejoras sostenidas” en los últimos años.
Enlistó, asimismo, que la perforación de ductos ha provocado una serie de accidentes, como explosiones, incendios, daños en propiedad de Pemex, ajena y al medio ambiente, con lesiones y pérdidas de vidas.
Sobresale en el informe que Pemex también reconoce que en estos ilícitos pueden estar involucrados empleados y servidores públicos, o que “puedan ser percibidos como participantes” de ellos.
