Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
Revista
Infografías
La actual administración estaría sentando las bases legales para que cualquier proyecto de infraestructura que se haga en ésta, o en siguientes, se agilice sin trabas administrativas ni judiciales, además de que se pague lo menos posible en casos de indemnizaciones, litigios o por otras razones en casos de cancelación de concesiones o contratos.
Analistas del sector energético consideraron que la iniciativa de reformas y adiciones a un paquete de 23 disposiciones legales presentadas por el Ejecutivo federal en marzo pasado tendrían como finalidad lo anterior, en línea con la ideología que le ha caracterizado con respecto a dar preponderancia a las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), y reducir significativamente la participación de las inversiones privadas nacionales y extranjeras.
“Pareciera que el actual gobierno ya dejó de pensar en emitir disposiciones que pueden ser impugnados, quiere dejar sentadas las bases para la siguiente administración”, expresó Carlos Vallejo Galván, socio fundador de Qua Energy Consulting.
La intención del gobierno del presidente André Manuel López Obrador es que ésta, junto con otras iniciativas de reformas a leyes secundarias, sea aprobada por las Cámara de Diputados y Senadores en estos días, antes de que finalice el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
El paquete a modificar comprende las siguientes 23 Leyes:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo
- Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
- La de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
- Ley de Expropiación
- Ley General de Bienes Nacionales
- Ley de Vías Generales de Comunicación
- Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbicos
- Ley Federal de Austeridad Republicana
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Ley del Banco de México
- Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley de la Fiscalía General de la República
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
- Ley Federal de Competencia Económica
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Si bien la iniciativa no está enfocada en el sector energético, ya que envuelve a los proyectos insignia del presidente, como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, además de la Refinería de Dos Bocas, por ejemplo, podría haber implicaciones que impacten en esta rama de la economía, coincidieron los analistas.
“Es una de las expresiones más claras de lo que el gobierno ha hecho en el sector energético, que es intentar favorecer el interés del Estado”, afirmó Arturo Carranza, analista del sector energético.
Refirió que cuando esto sucede se hace a costa del interés privado, algo que la actual administración ha hecho en otras ocasiones con respecto al sector energético y ahora lo intenta en la esfera de toda la administración pública.
Para Carlos Galván también se trata de que el Estado esté involucrado en todos los sectores de la sociedad, una ideología de los años 70 y 80 del siglo pasado.
“No es más que la ideología que todas las administraciones la tienen, pero aquí es una que parecía que ya habíamos superado en los 70 y 80. Es una especie de retroceso para catapultar el papel protagonista del Estado”, consideró.
Contratos petroleros ¿en riesgo?
Galván Vallejo incluso fue más allá. Al conversar con Energía a Debate no descartó una remota posibilidad de que la reforma incluso daría pie a que ésta u otra administración podrían revocar los contratos petroleros que se derivaron de las Rondas de licitaciones.
Luego de aclarar que no es una predicción, el especialista primeramente dijo que se ha notado que en lo que va del presente gobierno se han realizado negociaciones entre las instancias gubernamentales y las empresas privadas para imponer la voluntad del Estado.
Ha sido el caso de los contratos firmados por la CFE con empresas nacionales y extranjeras transportistas de gas natural que fueron “renegociados” bajo el argumento de que los anteriores eran desfavorables al Estado, o la asignación de 51 por ciento del campo Zama, uno de los mayores descubrimientos de hidrocarburos de los últimos años por un consorcio privado en México, en favor de la petrolera estatal Pemex.
En este tenor, las reformas a la Administración Pública podrían ser interpretadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o por la Secretaría de Energía (Sener) de la misma forma para “renegociar” dichos contratos, bajo los conceptos de interés público o seguridad nacional.
“Si la CNH y la Sener vinieran a hacer una interpretación de esos conceptos, podrían ponerse en riesgo. No están la Ley de Hidrocarburos que es la que da sustento a los contratos petroleros”, aseguró.
Recordó que el presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que los contratos con privados no han dado resultados, lo que podría ser usado como pretexto para regresar esos campos al Estado con independencia de que exista un mecanismo internacional derivado del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC.
“No veo que exista como tal un foco de riesgo que pudiera detonar este tipo de mecanismos, pero en lo no escrito vemos que en una negociación de año y medio fuera de ley que se le dio a Pemex 51 por ciento del campo Zama”, insistió.
Agrega incertidumbre a las inversiones
La iniciativa de reforma a las 23 leyes también se da en el contexto de los conflictos que ha tenido México con sus socios comerciales de América del Norte por los cambios en la legislación mexicana, principalmente en materia de energía.
De tal manera, que se suma a la serie de mensajes que envía México a la comunidad internacional de que en el país no hay un ambiente se seguridad jurídica para las inversiones.
“Esto va a generar que se contraiga más el sector [energético], que no exista un apetito para querer invertir. Existiría una total discrecionalidad para revocar los permisos a las autorizaciones ya dadas porque el Estado podría hacer uso de forma indiscriminada de esos vocablos o conceptos de interés público, seguridad nacional, para revocar permisos, concesiones, autorizaciones”, dijo Vallejo Galván.
Al respecto, Arturo Carranza coincidió en que la afectación de esta reforma permea en el ambiente de inversión, al evitar que sea propicio, con reglas claras, certeras y que no busquen favorecer o dar más ventajas al Estado mexicano.
Ambos analistas de igual modo aceptaron que la reforma a las 23 leyes contribuirá a un ya judicializado sector energético.
