Reforma energética atenta contra seguridad del sistema eléctrico nacional: ICM

La iniciativa de reforma en materia de electricidad propuesta por el gobierno federal atenta contra la seguridad del sistema eléctrico nacional, toda vez que este dependerá solo de los recursos con los que cuente el Estado, limitando la capacidad de construcción de nuevas plantas y, por consecuencia, redundaría en desabasto de energía para los usuarios.

“Lo anterior atenta contra la confiabilidad del sistema, comprometiendo la seguridad en el suministro”, agregó el centro de investigación y análisis no gubernamental en su reciente reporte “Consideraciones de la iniciativa de reforma constitucional”, dado a conocer este viernes. Las reformas a la Constitución propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en octubre de 2021, plantean que corresponde exclusivamente a la Nación la generación, conducción, transformación, distribución y el abasto de energía eléctrica, un área que cataloga como “estratégica”, por lo que queda a tutela de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al respecto, ICM bajo la dirección ejecutiva de Adrián Fernández Bremáuntz consideró que en ello existe ambigüedad sobre la posibilidad de que el sector privado, a través de contratos o asociaciones, pueda realizar y/o proporcionar apoyo al Estado en los proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución.

En cuanto a los recursos para realizar las obras que se requerirán a futuro conforme la demanda crezca, la ICM señaló que el esquema propuesto podría ser contraproducente para la CFE y para los mexicanos, ya que la empresa, a cargo Manuel Bartlett Díaz, podría no contar con la capacidad financiera ni técnica para hacerse cargo en todo momento de al menos el 54% de la generación necesaria para atender la demanda de electricidad.

El presidente López Obrador propuso en su iniciativa de reformas constitucionales que la CFE mantendrá 54% de la generación eléctrica total del país, mientras que se reserva el 46% restante a los demás participantes privados del mercado.

Ante esa falta de recursos, advirtió ICM, la CFE se podría verse obligada a violar la Constitución por adquirir del sector privado un porcentaje mayor al permitido y/o que dejara a ciertos usuarios sin electricidad.

El centro de investigación estimó que si la CFE cumple con su plan de instalación de nueva capacidad, ésta podría cubrir 54% de la generación nacional hasta 2030.

Sin embargo, aclaró, para mantener ese porcentaje de la generación eléctrica con la capacidad hasta ahora propuesta para incorporar al parque de generación, es necesario que la CFE aumente significativamente los factores de planta de sus centrales eléctricas, incluyendo de sus centrales más antiguas e ineficientes.

“Esto parece algo muy difícil de cumplir debido a distintas razones, como la edad de las centrales (muchas de ellas de más de 40 años); los limitados y deficientes mantenimientos preventivos y correctivos; así como los años sin operar u operando, en algunas de ellas, con muy bajos niveles de factor de planta”, subrayó.

También alertó en que el establecimiento de un porcentaje mínimo de generación a cargo de la CFE podría ser perjudicial para el sistema, ya que desplaza a centrales más eficientes, aumentando los costos y emisiones del propio sistema.

El documento elaborado por ICM desmenuza los aspectos de la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal en los principales puntos y expone las implicaciones de cada uno de ellos.

Así, advierte sobre los riesgos y consecuencias del restablecimiento del monopolio estatal en la figura de CFE; la seguridad y autosuficiencia energética; la naturaleza jurídica de la empresa estatal; la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la CFE; la Transición Energética; el cambio en el orden del despacho eléctrico, y la terminación y cancelación de los permisos de generación a privados y los contratos celebrados entre estos y la CFE

De igual forma, el documento analiza las consecuencias de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como organismo autónomo del sector; la eliminación de los Certificados de Energía Limpia (CEL); la falta de reglas para determinar las tarifas eléctricas en transmisión y distribución, así como para usuarios finales; el desconocimiento de la producción de los Productores Independientes de Energía (PIE); la elaboración del modelo de contrato para adquirir energía a partir de privados desconociendo el artículo 134 de la propia Constitución que garantiza el cumplimiento de los preceptos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

ICM previó que el esquema propuesto por el jefe del Ejecutivo federal para el sistema eléctrico del país no permite opciones para acceder a costos competitivos de energía, ya que los usuarios finales estarían obligados a adquirir la electricidad exclusivamente de la CFE.
La afectación también es para las empresas e industrias que operan en el país.

“Para mantenerse competitivas, podrían trasladar el incremento a los consumidores generando un efecto inflacionario importante o en su defecto buscarían localizarse en países donde puedan acceder a costos de energía eléctrica competitivos”, subrayó.