Wilbur L. Ross y Mike Pompeo, con Donald Trump
Redacción / Energía a Debate
En una carta fechada el 11 de enero de 2021, la administración saliente de Estados Unidos reclama nuevamente las acciones regulatorias del Gobierno de México que frenan las inversiones privadas en energía, dañan el clima de inversiones y favorecen a las compañías estatales de energía.
La carta de protesta es firmada por el Secretario de Estado Mike Pompeo, el de Energía, Dan Brouillette, y el de Comercio, Wilbur L. Ross, y va dirigida a sus contrapartes mexicanos, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y las de Energía, Rocío Nahle, y de Economía, Tatiana Clouthier.
Los reguladores mexicanos en materia energética han sido instruidos de “bloquear los permisos para proyectos de energía del sector privado y ejercer su autoridad reguladora para favorecer a las empresas estatales. Si esto es cierto, esto sería profundamente preocupante y suscitaría preocupaciones con respecto a los compromisos de México bajo el T-MEC”, dice la carta.
De esta forma, la carta alude a un memorándum enviado a los reguladores el 22 de julio pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se manejan 17 puntos que tienden a favorecer a Pemex y CFE, a revertir permisos sobre energías renovables y a frenar la inversión privada en el sector en general.
Desde entonces, diversas acciones regulatorias de carácter discriminatoria, sobre todo por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía han aplicado ese enfoque, en violación a la regulación, Constitución y T-MEC.
“Las recientes acciones regulatorias han generado incertidumbre y dañado el clima general de inversión en México. Afectan varios proyectos del sector privado respaldados por Estados Unidos en el sector energético; estas medidas afectarían negativamente inversiones por cientos de millones de dólares”, señalan los tres secretarios estadounidenses en su carta, quienes subrayan que Estados Unidos actuará en defensa de sus intereses, ya que “hay inversiones financiadas por sus contribuyentes”.
“Hay muchas empresas de Estados Unidos y Canadá que participan en los mercados energéticos de México, tanto en exploración y producción, gasolinas y electricidad, que son afectadas por las acciones discriminatorias del gobierno”, comentó al respecto Ramses Pech, analista energético de Caraiva y Asociados.
“Las autoridades mexicanas deben ejercer sus facultades de manera imparcial y garantizar la continuidad de la implementación y el apego a las buenas prácticas regulatorias para promover una mayor transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad, lo cual permite facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico y con ello otorgar certeza jurídica en el marco del T-MEC”, señaló.