Redacción / Energía a Debate
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) lanzó este lunes un exhorto al Senado de la República para que evalúe de manera objetiva los elementos de la iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos, así como sus impactos, toda vez que considera que desincentiva a las inversiones y conlleva el riesgo de que se configure una “innecesaria expropiación indirecta” del patrimonio de los particulares.
“Exhortamos respetuosamente a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República a evaluar de manera objetiva todos los elementos que la iniciativa plantea y sus impactos, en el marco del análisis, discusión y. en su caso, votación de la Minuta correspondiente”, dijo el IMEF en un posicionamiento emitido este día mientras dichas comisiones se encuentran discutiendo las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo empresarial bajo la presidencia de Ángel García Lascuráin coincidió en la importancia de lograr una oferta suficiente y acceso efectivo a los energéticos como elemento central de desarrollo nacional, pero advirtió que los planteamientos de la iniciativa presidencial generan riesgos para la economía nacional.
Representan un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos, enlistó como primer punto. “El requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país”, afirmó.
En segundo lugar, mencionó que la inclusión de la negativa ficta para las solicitudes de los permisos podría desincentivar a la autoridad para atenderlos en tiempo y forma, lo que aumenta la incertidumbre respecto a la viabilidad de las inversiones si estas pueden ser detenidas simplemente por un proceso administrativo lento, y no por razones de fondo que sean debidamente comunicadas a los solicitantes.
Añadió que la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin definir los criterios de evaluación, impide que se diseñen proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes. Por ello, dijo, “la posible discrecionalidad en las decisiones eleva sustancialmente el nivel de riesgo de las inversiones”.
Asimismo, consideró que la posibilidad de que la autoridad que haya emitido el permiso se haga cargo de la administración y operación del permisionario bajo el argumento de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, representa una intervención directa en los derechos de propiedad de los inversionistas, de manera que se incrementa “el riesgo de que se configure una innecesaria expropiación indirecta del patrimonio de los particulares”.
El IMEF también subrayó que la presión presupuestaria que se ejercerá sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) para el desarrollo de la oferta que el país requiere, se dará en circunstancias financieras ya complejas por las que atraviesa la empresa y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido, lo que dificulta la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social.
En este contexto, el IMEF aseguró apoyar cualquier iniciativa que permita impulsar el desarrollo de un sector energético moderno, eficiente y suficiente para respaldar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, así como el bienestar de las familias mexicanas.