Seguridad energética: las definiciones importan

La seguridad energética es uno de los retos globales actuales más críticos, acentuado con la Guerra en Ucrania y la urgencia por descarbonizar el sector. Pero, si damos un paso atrás, ¿cuáles son sus orígenes teóricos? No existe una definición universal, pero sí consenso en su naturaleza polisémica y altamente dependiente del contexto. Se han encontrado cerca de 45 significados diferentes, complejidad que no es gratuita, sino producto de la evolución histórica del sector.

Actualmente, entre otras, tenemos las “cuatro A” para los términos en inglés de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. O las “cuatro R” por los términos en inglés: revisar (entender el problema), reducir (usar menos energía), sustituir (cambiar a fuentes seguras) y restringir (limitar la nueva demanda). O definiciones más populares como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible, de la Agencia Internacional de Energía; o la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura de forma fiable, y recuperarse rápidamente de perturbaciones con una interrupción mínima del suministro, del Consejo Mundial de Energía.

Caroline Kuzemko afirma que la seguridad energética se reduce a dos dicotomías: la de la oferta y la de la demanda. La primera aplica a países que importan su energía y cuya seguridad depende de la fiabilidad del suministro, la diversidad de la oferta y de la fuente, y de las condiciones de acceso (precios asequibles). Los países exportadores de energéticos, cuyo ingreso nacional depende de estas exportaciones, son seguros si hay seguridad de la demanda: fiabilidad, integridad física de los territorios y los recursos, acceso a mercados para el comercio y precios previsibles para planificar su producción.

Adicionalmente, el término incluye la palabra “seguridad” que significa la ausencia de “amenazas”, con lo que tenemos tantos significados como amenazas imaginemos. Se dice que cualquier tema es “securitizado” cuando pasa a ser parte de debates de seguridad nacional y, por ende, se justifica cualquier medida extraordinaria. A principios de los 2000, por ejemplo, la Unión Europea vivió la “securitización” de su política energética asumiendo que la energía no solamente era la nueva arma de poder mundial, sino que se encontraba en manos rusas (Kuzemko, 2016).

Benjamin Sovacool concibe la seguridad energética de la manera, a mi parecer, más fina y holística, en cuatro dimensiones: i) disponibilidad: minimizar la dependencia de importaciones, diversificar las fuentes, los proveedores y los espacios, y tener suministro suficiente e ininterrumpido; ii) asequibilidad: acceso a energéticos a un precio bajo, estable y equitativo; iii) eficiencia: rendimiento mejorado y despliegue de equipos más eficientes; y iv) gestión: garantizar la aceptación social de los sistemas energéticos y la proteccióndel medio ambiente, las comunidades y las generaciones futuras.

Ante tales aristas, los hacedores de política energética de México bien harían si se formularan estas preguntas: ¿Seguridad para quién?, ¿seguridad para qué valores?, ¿seguridad frente a qué amenazas? (Cherp y Jewell, 2014), ¿el suministro es variado y resiliente?, ¿hay un amortiguador contra perturbaciones y capacidad de recuperación?, ¿estamos realmente integrados en los mercados energéticos? (retomando a Yergin). Estas interrogantes abarcan el abanico de posibilidades. Ya sean planes quinquenales, sexenales, obras de infraestructura, pasando por la capacidad de almacenamiento, la dependencia externa del combustible puente de la transición, las consultas indígenas en grandes proyectos, los efectos diferenciados de medidas energéticas en mujeres; hasta las consideraciones más humanas e inmediatas como la vida de tus ciudadanos en una ola de calor.

“Una revisión etimológica nos impide obnubilarnos con creencias como que somos más seguros porque las empresas públicas de energía son monopolios”.

Una revisión etimológica nos impide obnubilarnos con creencias como que somos más seguros porque las empresas públicas de energía son monopolios, omnipresentes y omnipotentes; o que somos más seguros porque una soberanía, parcialmente entendida y parcialmente consensuada, primó sobre la diversificación económica y tecnológica, o sobre prioridades climáticas o de sostenibilidad financiera. Conocer cómo un concepto varía en diferentes condiciones, amplía horizontes en la resolución de problemas, nos alerta de usos facciosos e impide que los grupos de poder –en esta u otra administración– monopolicen la definición.

*/ Mariana León Ochoa es internacionalista por el ITAM donde también cursó la Maestría en Derechos Humanos y Garantías. Cuenta asimismo con una Maestría en Política y Derecho Energético por la Universidad de Aberdeen en Reino Unido.

Fue directora de Difusión en la Secretaría de Energía de 2013 a 2018, los años de la consolidación de la reforma energética. Actualmente es consultora senior en Públika Consultores, una firma de asuntos públicos donde asesora a empresas mexicanas y extranjeras del sector eléctrico y de hidrocarburos, con énfasis en relaciones gubernamentales y análisis político.

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