Tres cuartas partes de la inversión pública se va a energía sucia: IMCO

Entre 2015 y 2022, México ha destinado 74 por ciento de la inversión pública hacia las energías no renovables, concretamente petróleo y gas, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Este porcentaje representa unos 2 mil 492 billones de pesos en el periodo, lo que ha contravenido incluso a recomendaciones internacionales, indicó.

“Contra toda recomendación internacional, la inversión federal sigue concentrándose en energías no renovables. En México, el sector que mayor proporción de inversión pública ha recibido desde 2015, con casi tres cuartas partes del total, es precisamente el de hidrocarburos”, destacó el Instituto.

En este sentido, señaló que dicho monto de inversión contrasta con el desempeño financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) que, en el cuarto trimestre de 2022, presentó un patrimonio negativo con 4.01 billones de pesos en pasivos y solo 2.17 billones de pesos en activos.

Contrario a lo anterior, el IMCO afirmó que, en general a nivel internacional, las proyecciones de oferta y demanda de energía coinciden en la necesidad de transitar hacia la inversión en energías renovables para lograr una sostenibilidad energética y, de esta manera, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ello recomendó transitar hacia una inversión pública en energías limpias, considerando las necesidades y los retos en materia de cambio climático.

En su estudio “Hablemos de inversión pública”, dado a conocer este martes, el Instituto bajo la dirección de Valeria Moy expuso que entre 2015 y 2021, la inversión federal representó en promedio 76 por ciento de la inversión pública total en los estados.

En este período, agregó, la inversión subnacional, como composición de la inversión total, se ha mantenido consistentemente por debajo de un tercio.

Por otra parte, el organismo no gubernamental externó que en México, la inversión pública difícilmente puede medirse para rendir los frutos que requiere.

Al respecto dijo que, por un lado, en el marco regulatorio mexicano, la definición de inversión pública continúa refiriéndose únicamente a obra pública que solo es un subconjunto de la inversión total, en lugar de incluir infraestructura de manera más amplia como lo hacen las mejores prácticas internacionales.

Por el otro, existen discrepancias y ambigüedades en la manera de medir la inversión pública a nivel federal y estatal que generan, en la práctica, un problema de gobernanza y gestión de dicha inversión.

Por lo anterior, estimó que es muy difícil precisar si el uso de estos recursos públicos realmente representa inversión pública que genere crecimiento económico, o no.

Derivado de su análisis, el IMCO expuso cinco recomendaciones:

1. Cambiar, desde la ley, la definición actual de inversión pública.
2. Erradicar las discrepancias y ambigüedades en la medición de la inversión pública entre entidades y Federación para mejorar su gestión.
3. Identificar las necesidades en infraestructura de los estados para poder aumentar y enfocar su propia inversión.
4. Revisar los criterios y mecanismos de distribución de los recursos en inversión pública que destina el gobierno federal hacia los estados.
5. Transitar hacia una inversión pública en energías renovables, considerando las necesidades y los retos en materia de cambio climático.