El pasado diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecutó la propuesta que había lanzado el titular del Ejecutivo: la extinción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). La supuesta racionalidad de la decisión vino, según María Luisa Albores González, tras una identificación de “[…] la complementariedad de responsabilidades entre la Semarnat y el INECC”, así como por el reconocimiento de “[…] la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación.”
Este evento se suma a una serie de acciones que alejan a nuestro país de tomar con seriedad la amenaza que representa el cambio climático. Ejemplos de ello son: el despliegue de una estrategia para que Petróleos Mexicanos incremente su plataforma de producción de hidrocarburos; inversiones programadas para que el Sistema Nacional de Refinación aumente su producción de gasolinas, así como una propuesta de reforma al sector eléctrico que promovería el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir generación eléctrica renovable por centrales sucias y obsoletas de la Comisión Federal de Electricidad.
“…los riesgos climáticos plantean retos a la seguridad energética en virtud de que inducen disrupciones a la disponibilidad de fuentes de energía”.
La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) realizó un ejercicio para evaluar la resiliencia de la política climática de sus 38 países miembro y asociados. Sus resultados deben tomarse como una alerta generalizada, ya que 85% de dichos países están expuestos a riesgos climáticos. ¿Nuestro país cómo resulta evaluado? Se trata de la segunda nación con la mayor exposición a dichos riesgos. India y China ocupan el primero y tercer lugar, respectivamente. Cabe destacar que en el extremo, estos impactos representan una seria amenaza a la vida de las personas, sobre todo de aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, como mínimo, los riesgos climáticos plantean retos a la seguridad energética en virtud de que inducen disrupciones a la disponibilidad de fuentes de energía, tal y como ocurrió en febrero de 2021 en Texas y el norte de México.
Para su estudio, la IEA analizó diversos riesgos climáticos. El primero de ellos es el aumento promedio anual de la temperatura en sus países miembro para el periodo 2000-2020. México presentó un incremento superior al promedio mundial (0.04 oC). El incremento en las temperaturas promedio es relevante a la luz de la actual propuesta de reforma eléctrica. Por un lado, porque busca concentrar la generación limpia en hidroeléctricas, cuya operación puede resultar afectada por pérdidas en la evaporación de cuerpos de agua. Por otro lado, porque incrementos sustanciales en la temperatura inducen ineficiencias en las redes de transmisión y distribución, además de que aumentan las necesidades de enfriamiento para algunas tecnologías de generación, lo cual a su vez implica un alza en la demanda de energía.
En cuanto a las variaciones en los niveles de precipitación, los riesgos climáticos están asociados con inundaciones y sequías. México, según la IEA, está dentro de los siete países con mayor riesgo por el primer fenómeno, mientras que se ubica en el promedio mundial en cuanto al segundo. Los impactos de inundaciones incluyen la disrupción en la operación de centrales eléctricas, así como daños a la infraestructura del sistema energético. Por su parte, los impactos de sequías afectan la disponibilidad del recurso hídrico, reforzando el impacto negativo de altas temperaturas.
Finalmente, los eventos meteorológicos extremos, como los huracanes, son otro riesgo climático a seguir. México es el cuarto país con mayor exposición a semejante amenaza. No solo en términos de la vulnerabilidad de la infraestructura energética de las regiones afectadas, sino también por la falta de protección que sus habitantes tienen desde la extinción del Fondo de Desastres Naturales.
Si bien los efectos del cambio climático son inescapables, la amplitud de su extensión puede ser limitada. Los riesgos climáticos pueden abordarse desde una estrategia de mitigación y adaptación. Pero eso exige abandonar la vigente óptica anacrónica de la política energética y climática nacional que prevalece desde 2018. Una conducción del país que no busca de forma activa priorizar la protección de los derechos de los mexicanos con una perspectiva intergeneracional es, sin duda, un riesgo para nuestra nación.