Es necesario retomar el mecanismo de las subastas de energía eléctrica de largo plazo, especialmente por su visión social, coincidieron especialistas del sector.
“Es un hecho que las empresas invierten en las zonas donde se desarrollan los proyectos. No es una casualidad que el Istmo de Tehuantepec sea la zona de mayor desarrollo económico y social de Oaxaca, esto es gracias a la inversión de los eólicos, no solo en inversión en infraestructura, sino en inversión social que hacen las empresas”, dijo Víctor Ramírez Cabrera, vocero de la Plataforma México Clima y Energía (PMCE).
Por ello, se pronunció porque se cree un mecanismo que evalúe cuantitativa y cualitativamente la inversión social de estas empresas, tanto eólicas como solares fotovoltaicas, para otorgarles puntos en su calificación y con ello poder acceder a contratos también de suministro básico.
Durante el webinar “Luz para todos los mexicanos”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ramírez Cabrera también aseguró en este mismo sentido que las subastas permitirían la entrada de más jugadores en el suministro básico de energía para que los hogares mexicanos cuenten con más opciones de quién les provea la electricidad.
Recordó que por el momento solo la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) da este servicio, aunque la ley permite que participen otras empresas. De hecho, refirió, actualmente existen unas cuatro compañías suministradoras de servicios básicos pero no operan porque aún no está lista la regulación en la materia.
La administración federal realizó solo tres subastas eléctricas, pero con la entrada del nuevo gobierno en 2018 este mecanismo fue cancelado y no se ha vuelto a renovar.
Precisamente un estudio de PMCE de 2020 calculó que la cancelación de este mecanismo tendría como consecuencia que, entre 2019 y 2024, dejarían de incorporarse unos 8 gigawatts (GW) de energía limpia a la matriz energética nacional y que en el mismo periodo México ya no percibiría un estimado de 8.2 mil millones de dólares en inversiones (alrededor de 1 por ciento del Producto Interno Bruto).
En lo social, se dejarían de generar 16,100 empleos directos en construcción y 860 en la operación de las centrales, más otros 35 mil empleos indirectos.
Víctor Ramírez también recordó que a principios de la actual administración, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, propuso que las subastas se regionalizaran, de manera que los proyectos de generación se asentaran cerca de las zonas de alta demanda.
“Me parece algo viable y posible”, comentó el también socio director de Energía a Debate.
Por su parte, Rosanety Barrios, experta en temas de energía, propuso una revisión del Fondo del Servicio Eléctrico Universal, un fideicomiso que recibe principalmente los excedentes de recursos de las centrales que participaron en las subastas de largo plazo para destinarlos a proyectos de electrificación social.
La representante de Voz Experta también se pronunció por un replanteamiento en el modelo de consumo de la energía, como una consecuencia del grave problema del cambio climático, y por el entendimiento de los gobiernos y de las corporaciones en que se debe disminuir el consumo y aumentar la eficiencia energética.
Las decisiones que se tomen tienen que ir asociadas con otras disciplinas, como desarrollo de ciudades, masificación del transporte urbano eléctrico, entre otras medidas, dijo Barrios.
“Para mí no hay duda, en la siguiente administración, México tiene que pisar el acelerador a fondo para conseguir la Transición Energética. Vamos retrasados. La buena noticia es que tenemos elementos únicos en el mundo para aprovechar, tenemos forma de financiera el sector, nuestro potencial de crecimiento con el nearshoring es mayor”, expresó.
En su oportunidad, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en la organización no gubernamental México Evalúa, hizo hincapié en la pobreza energética que aún prevalece en el país.
Mencionó que el número de hogares mexicanos que actualmente utiliza leña como medio para cocinar aumentó de 4.2 a 4.9 millones, lo que significa unos 17.9 millones de personas, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, dada a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por ello, comentó que la organización que representa ha propuesto la creación de un Observatorio Ciudadano de la Pobreza, ya que subrayó en la importancia de hacer un diagnóstico de este problema en el país.
“Para hablar de planeación debemos hablar del diagnóstico. En México Evalúa proponemos un observatorio ciudadano de la pobreza energética por lo menos anual”, añadió y dijo que este problema afecta sobre todo a las mujeres.
Al tomar la palabra, Alexis Castro Zavalza, responsable de Operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista en la empresa Nexus Energía, insistió en que el bajo precio obtenido en las subastas eléctricas –20 dólares por megawatt/hora en 2017– debería verse reflejado en los costos del suministro básico, es decir, en las tarifas que cobra la CFE a los usuarios.
Por ello, también expresó que es necesario retomar el mecanismo de las subastas de largo plazo, que conlleva inclusión social en el momento en que se desarrollan los proyectos de renovables de gran escala.
Mencionó que en los meses pasados en los que se presentaron oleadas de calor en todo el territorio nacional, la demanda máxima de energía alcanzó los 52.3 GW.
A respecto, dijo que a pesar de que la capacidad de generación total del país llega a los 80 GW, no es suficiente porque en realidad están disponibles unos 55 GW.
“No nos sobra energía, no nos sobra generación, sobre todo la energía renovable”, aseguró contundente y reafirmó que por esta razón es necesario reactivar el mecanismo de las subastas de largo plazo.