¿Y por qué nosotros no?

Uno de los múltiples argumentos falaces que utiliza el gobierno federal para respaldar su propuesta de reforma constitucional al sector energético es que las energías solar fotovoltaica y eólica son costosas e intermitentes. Por ende, según ellos, no representan la mejor opción para que nuestro país logre una transición energética que a la vez otorgue un suministro eléctrico al mejor precio, confiable y continuo. Algunos acólitos de la ideología de la administración actual, ya sea por ciega convicción o por conveniencia, han incluso manifestado que las energías renovables son atractivas y factibles solo en países como Noruega o ciudades como Sidney, Australia.

La propuesta de reforma del Ejecutivo va mucho más allá de un ataque dirigido a las energías renovables, en general, y a las energías solar fotovoltaica y eólica, en particular. Distintos analistas del sector han ya explicado por qué la peor parte de una reforma como la propuesta se la llevaría la sociedad mexicana en su conjunto. Sin embargo, la administración federal ha centrado su discurso en que el periodo neoliberal debilitó a la CFE y que es momento de “rescatarla” para que “el pueblo” tenga electricidad barata. Pero ¿por qué nosotros no podríamos aspirar a contar con una matriz energética limpia como la de Noruega?

“¿por qué nosotros no podríamos aspirar a contar con una matriz energética limpia como la de Noruega?”

Dentro de la exposición de motivos de la propuesta de reforma se argumenta que la reforma energética de 2013 promovió una “saturación caótica” en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al impedir que la planeación de la capacidad de las redes y la incorporación de energías renovables estuvieran a cargo del Estado. Adicionalmente, se esgrime que se otorgaron permisos de generación de forma “excesiva e indiscriminada” que impusieron un modelo de “balcanización de las redes”, producto de una desvinculación entre la CFE, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.

Por un lado, la redacción presentada en la propuesta de reforma peca de ingenua, ya que se admite un fallo de coordinación institucional en el ejercicio de la planeación del sector eléctrico por parte del Estado, mismo que debe imperar aún bajo el marco institucional actual. Y, por otro lado, de forma implícita asume una responsabilidad sobre algunas decisiones que la misma CFE ha tomado en detrimento de la congestión mencionada. Uno de los instrumentos de planeación para aliviarla es a través del despliegue de proyectos de infraestructura en la Red Nacional de Transmisión (RNT). Con información de la misma Secretaría de Energía vertida en el PRODESEN 2021-2035, se admite que la tasa de crecimiento acumulada promedio de infraestructura de transmisión en los dos años completos de la presente administración ha sido prácticamente nula: de 2018 a 2019 solo se añadió un 0.80% de capacidad y para 2019-2020 únicamente un 0.10%.

La administración actual no solo detuvo el crecimiento de la infraestructura de la RNT, sino que dejó de invertir en ella y ha reconocido que no ha establecido una coordinación eficaz de la planeación del SEN. Además, ahora solicita a la sociedad su confianza para ser garante de la transición y la seguridad energéticas. Pero las acciones de la CFE y del gobierno federal demuestran que esto no es viable.

En el Paquete Económico 2022 se propuso un aumento en términos reales al presupuesto de la CFE del 3.9%, pero la mayoría va a gasto corriente. El gasto de inversión se redujo en 9% con respecto a 2021, mientras que el gasto en pensiones se incrementó para alcanzar el 10% del presupuesto total para 2022. Asimismo, el gasto en adquisición de materia prima para la generación eléctrica aumentó para alcanzar el 5% del presupuesto total de CFE para 2022, ante la expectativa de incrementos en los costos de generación. Queda claro que si prevalece una visión y una gestión de la CFE como la actual, entonces no; definitivamente no podremos aspirar a contar con energía limpia, asequible y de calidad.