Redacción / Energía a Debate
Sobreprecio de Petróleos Mexicanos (Pemex), costos regulatorios e incremento en los precios internacionales del gas licuado de petróleo (gas LP) son los motivos por los cuales los mexicanos han pagado más por este energético durante los últimos meses, expuso la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
Además, consideró que el gobierno mexicano no debe implementar un sistema de control de precios máximos, tal como lo planteó la Secretaría de Energía (Sener) en un proyecto de directriz que ingresó este mismo martes a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
La Sener, a cargo de Rocío Nahle García, propuso que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) elabore una metodología para determinar un precio tope máximo para las ventas del energético al consumidor final, una medida que tendría una vigencia de seis meses contando a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
La Amexgas explicó que en el primer semestre del 2021, los precios internacionales del propano aumentaron 131% comparado con el 2020, fenómeno que repercutió en similar aumento de los precios de Pemex a los distribuidores, impactando directamente al precio de venta al público.
Destacó que, a lo anterior, se suma el hecho de que en el país se produce solo 38% de la demanda nacional y, por ende, se importa el 62% restante.
“Cabe mencionar que los precios al público aumentaron por debajo del incremento de los precios de venta de Pemex, quien es responsable del 60% del volumen de ventas al mayoreo en territorio nacional”, subrayó la organización bajo la presidencia de Carlos Serrano Farrera.
Asimismo, la Amexgas refirió que en la composición del precio de venta al público se encuentran los costos regulatorios que, durante el sexenio 2012-2018 y en lo que va del presente período, se incrementaron “de forma considerable”, impactando en más de un peso por kilo en el precio al consumidor.
“En este aspecto existe una gran oportunidad de implementar una simplificación administrativa y regulatoria que elimine costosas regulaciones redundantes, y con esto se posibiliten ahorros que se trasladarán inmediatamente a los consumidores”, planteó la Asociación.
Recordó que actualmente en México se encuentran registradas 1,292 plantas de distribución, 33 plantas de almacenamiento, 4,746 estaciones de servicio, más de 2,500 transportes y más de 35,000 equipos de reparto, en un mercado con 400,000 precios diferentes, que son reportados mensualmente a la CRE.
“Es importante resaltar que entre los precios al público registrados por esta Comisión, oscilan diferencias entre competidores en un rango de $1.00 a $8.00 pesos por kilo, lo que brinda al consumidor final una amplia posibilidad de elegir a quien le proporcione el mejor valor por el servicio demandado en el mercado”, comentó.
En este rubro, citó que la propia CRE dio a conocer que la infraestructura logística reflejada en el número de permisos del gas aumentó en el periodo 2011-2021 de 3,906 a 6,533. Esto es, “67% más participantes en el mercado siendo que la demanda por su parte se contrajo16% en el mismo periodo”, estimó.
Lo anterior da como resultado que diariamente las empresas oferentes tengan por reto mejorar su precio y servicio para ser favorecidos por los consumidores.
En su comunicado, sin mencionarlo directamente, el organismo sugirió que en la propuesta de la Sener no se están considerando los costos para las empresas de logística y e infraestructura en todo el proceso de distribución.
“Frente a la tentación de las soluciones simplistas que implican regulación de precios en los mercados, hoy es imperativo considerar la existencia de costos de distribución que son indispensables para poder trasladar el producto con seguridad de las terminales de abasto a las plantas de distribución, a las estaciones de servicio, a los expendios de recipientes, o directamente a los domicilios de los millones de usuarios en todo el País”, dijo la Asociación.
En ello, apuntó la necesidad de hacer y mantener una inversión permanente en todas las instalaciones de almacenamiento y equipo de reparto de cada eslabón de la cadena de suministro. “Solo así se puede garantizar el abasto del gas LP a la población y la seguridad en su manejo”, anotó.
En este sentido, la Asociación enlistó los riesgos de una regulación de precios:
- Es imposible determinar un precio controlado que refleje la realidad en todos los mercados regionales y que considere todas las presentaciones, porciones, formas y canales del servicio.
- Se reduciría la cobertura de distribución afectando a los consumidores y fomentando un mayor consumo de leña con graves consecuencias en salud y deforestación.
- Afectaría negativamente la seguridad de las operaciones.
- Generaría desinversión en todos los eslabones de la cadena de suministro provocando desabasto en ciertos mercados regionales.
- Se estimularía la participación de gas de procedencia ilícita adueñándose de más mercados mediante zonas de reparto controladas.
Por ello, en vez de la propuesta de la Sener, la Amexgas planteó como alternativas:
- Los precios internacionales actuales son coyunturales y eventualmente deben tender a disminuir, por lo que tanto importadores privados como Pemex podrían reflejar baja en sus precios de venta a distribuidores y estos a los consumidores.
- Se podría combatir hasta eliminar el gas robado y su distribución ilícita, generando eficiencia al sistema de distribución que repercutiría en menores precios hacia los consumidores finales.
- Se podrían eliminar regulaciones costosas e innecesarias y trasladar ese beneficio a los consumidores.
- Se podría agilizar el otorgamiento de miles de permisos pendientes de la CRE a las empresas distribuidoras para generar más competencia.
Con este conjunto de acciones lograr una disminución significativa del precio al público en el corto plazo, sin la necesidad de distorsionar los mercados mediante un precio controlado, concluyó.