Costarán litigios USD 44,000 millones por reforma eléctrica: ICC México

Los litigios internacionales producto de la reforma constitucional en materia de electricidad podrían costar a México por lo menos unos 44,000 millones de dólares, mismos que podrían multiplicarse.

“El impacto es de unos 44,000 millones de dólares en inversión”, dijo Yésica González Pérez, directora general de la International Chamber of Commerce (ICC) en México.

Al respecto, Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la ICC México, aclaró que dicho monto podría multiplicarse porque los inversionistas no solo consideran la inversión que han realizado en el país, sino que también calculan las ganancias que habrían tenido en los años que habían planeado en que iban a explotar dicha inversión.

En conferencia de prensa virtual, celebrada esta mañana, el ICC México dijo que sería complicado calcular exactamente en cuánto se podrían multiplicar los montos que debería pagar el país por los laudos en litigios internacionales, toda vez que hay varios factores que influirían, uno de ellos el tipo de tecnología que se utilice para producir electricidad, tanto solo en el caso de los generadores privados.

De igual forma, el costo de los combustibles o energéticos para producir la electricidad, en el caso que aplique.

“Depende mucho, la energía en sus varios sentidos, es un commodity, cuyo precio va variando, dependiendo del costo por el tipo de la fuente de energía puede ser más alto o más bajo”, agregó Álvarez Ávila.

Héctor Garza Cervera, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, destacó que la afectación no es solo en la producción de energía, sino que impacta de forma negativa en toda la cadena de valor.

“El impacto no es solo a las empresas, sino en toda la cadena de valor”, dijo y cuestionó sobre lo que pasará con los contratos de renta de tierras, los beneficios compartidos y otras derramas derivadas de los proyectos energéticos.

Otro aspecto en el que se subrayó es que los grandes montos de dinero, al final, los acabarán pagando todos los mexicanos y, para cuando se emitan los laudos, la presente administración ya no estará en funciones, toda vez que los juicios tardan, en promedio, entre tres y cuatro años.

“En general, un proceso de arbitraje dura entre tres y cuatro años. Si alguno de esos arbitrajes inicia el año que entra, ya no le va a tocar a este gobierno”, volvió a decir Gabriela Álvarez.

Recordó que México tiene más de 35 tratados con disposiciones de arbitrajes de inversión que pueden ser usados por los inversionistas y apuntó que, si bien el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor en julio de 2020, el anterior acuerdo conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sigue vigente hasta junio de 2023, al cual los empresarios pueden también apegarse para un litigio.

En el caso de los inversionistas españoles, dijo que México tiene derecho a un tratado bilateral con la nación europea y, por ello, es posible que los empresarios prefieran acudir a ese recurso que a otros multilaterales por las complejidades que estos últimos representan.

En un posicionamiento dado a conocer al inicio de la conferencia, la ICC México expuso que la reforma es “la sincronización de un diseño normativo que por encima de los derechos humanos de quienes lo habitamos, nos conduce a la recarbonización del modelo energético del país”, y anotó que las reservas probadas al día de hoy son apenas para 9.5 años.

Resaltó que la reputación internacional para la nación tampoco es un asunto menor, ya que provocará incertidumbre y pone en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país del resto de la economía mundial, al atentar contra el Estado de Derecho y violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos.

Otro aspectos contra los que atenta, añadió, son una evidente antinomia, incongruencia y oposición constitucional respecto de aspectos de igualdad, no discriminación, derecho a la salud y a un medio ambiente sano, desarrollo integral y sustentable, prohibición de leyes privativas, retroactividad, seguridad jurídica, garantía de audiencia, impartición de justicia, propiedad privada, libre competencia y concurrencia, proporcionalidad, racionalidad, confianza legítima y competitividad.

Aseguró que la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen Trato Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercados, Requisitos de Desempeño y Presencia Local, Asistencia No Comercial, Medidas Disconformes y Comercio Transfronterizo de Servicios, Inversión y Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados, entre otros, todo diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales.