Ulises Juárez / Energía a Debate
En este periodo de sesiones del Congreso de la Unión podría quedar aprobada una adición a la Ley de Transición Energética (LTE) que empujaría a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a establecer mecanismos para aprovechar en sus inmuebles e inmuebles las energías renovables.
La diputada federal Nayeli A. Fernández Cruz, del grupo parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comentó para Energía a Debate acerca de la iniciativa de adición de la fracción f) al artículo 29, contenido en el Capítulo III “De la Estrategia”, con el fin de que se promuevan programas para la generación de electricidad con fuentes renovables en la APF.
“Todo esto dentro de las dependencias y las entidades de la APF en sus bienes muebles e inmuebles”, dijo luego de su participación en el foro “Energías limpias: Lograr la Transición Energética Soberana y cumplir con los compromisos internacionales para enfrentar la emergencia climática”, realizado esta mañana en la sede parlamentaria.
Especificó que la intención de la adición a la LTE no solo contempla la colocación de celdas solares en los edificios que ocupan actualmente las oficinas gubernamentales, sino que promueve todo tipo de tecnologías limpias además del uso de autos híbridos (con base en gasolina y electricidad) o eléctricos.
“Puede entrar térmica en el sur y en el norte, puede entrar solar en el centro del país, eólica en Oaxaca, etcétera. Todo depende de la capacidad que tenga cada entidad para aprovechar más eficiente las energías”, agregó.
A pregunta expresa, la legisladora aclaró que en la propuesta de adición no se pretende que sea obligatoria la implementación de estas medidas, orientadas también a la reducción del costo de la tarifa eléctrica y de las emisiones de gases, como el bióxido de carbono (CO2), sino que es más un tema de coherencia con las acciones y políticas del nuevo gobierno.
“El ideal es que fuera obligatorio, pero también tenemos que ser coherentes con las políticas, con el ejercicio del presupuesto y con las condiciones que hoy tenemos”, subrayó. “Entonces, un gran paso es ir estableciendo nuestra normativa en la generación, el uso y en la implementación de energías renovables que es justo esto”, añadió.
Fernández Cruz confió en que será en este periodo de sesiones en que se apruebe la adición a la Ley, misma que fue aprobada por la Comisión de Energía, presidida por el diputado Manuel Rodríguez González, el lunes de esta semana.
Adicional a lo anterior, no desechó la posibilidad de que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados pudiera dar un seguimiento semestral o anual de las acciones derivadas de esta modificación a la Ley.
Durante el foro, por su parte, Luis Linares Zapata, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reiteró la postura del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de privilegiar la producción eléctrica pública y revisar la participación privada para preservar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico nacional.
“Esta nueva política que nosotros estamos representando como funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía tiene que tomar en cuenta el rescate que se tiene que hacer de la empresa pública”, apuntó el representante del ente regulador.
“La empresa pública, durante muchos años, ha sido sujeta de un proceso de deterioro y depredación que no puede seguir adelante. No nada más por motivos ideológicos o conceptuales, sino por motivos muy prácticos”, agregó.
Sin embargo, recalcó que la CRE no es un obstáculo para el desarrollo de las energías renovables en México, “pero eso no significa que se deba poner al sistema eléctrico en una situación de desestabilización”, concluyó.
El foro “Energías limpias: Lograr la Transición Energética Soberana y cumplir con los compromisos internacionales para enfrentar la emergencia climática”, fue organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la organización civil Política y Legislación Ambiental (POLEA), el Fondo Climático Internacional del Ministerio de Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido de la Gran Bretaña (UK PACT, por sus siglas en inglés) e Iniciativa Climática de México.