Redacción / Energía a Debate
Empresarios gasolineros y analistas del sector consideraron como preocupante la subjetividad en el manejo de los criterios para sancionar e, incluso, confiscar los activos de los privados en el sector de los hidrocarburos, contenidos en la propuesta de reformas a la Ley de Hidrocarburos remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
“Es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como ‘peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional’”, expresó la Onexpo Nacional en un comunicado de prensa emitido la tarde de hoy.
Asimismo, la agrupación de empresarios de comercialización de combustibles estimó que la iniciativa de Ley contiene elementos contradictorios con respecto a la Constitución respecto a la participación de la iniciativa privada en la industria de los petrolíferos, por lo que hizo un llamado a los legisladores a realizar un análisis profundo tomando en cuenta los posibles efectos negativos.
“Como representantes del sector empresarial de los petrolíferos gasolinas y diesel, hacemos un llamado respetuoso a los legisladores a realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa, que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendría sobre consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivos a cualquier forma de competencia económica”, manifestó la organización bajo la presidencia de Roberto Díaz de León.
En el mismo tenor, hizo patente su apoyo a las acciones encaminadas para combatir el tráfico, sustracción ilegal y comercialización de combustibles en el país. “Reiteramos el apoyo a las acciones que tienen por objeto fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la impunidad, hasta superar las fuertes distorsiones que crean las prácticas ilegales y/o delictivas en la importación y comercialización de combustibles”.
Por ello, reiteró no defender ni defenderá a quienes realizan acciones contrarias a la ley y a las mejores prácticas operativas y comerciales.
Por su parte, esta tarde el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó en el mismo sentido de una posible expropiación por parte de la actual administración de los bienes propiedad de los privados dedicados a las actividades del transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ´de hidrocarburos, productos refinados y petroquímicos.
“Las autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que representaría un acto de expropiación directa”, afirmó el centro de investigaciones, bajo la dirección de Valeria Moy.
Lo anterior, agregó, tendrá repercusiones negativas para las familias mexicanas y el sector productivo, cuyo acceso a insumos básicos como la gasolina, el diesel, el gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, el expendio, la importación o exportación del sector privado a Pemex, considerando que los estados financieros de la empresa pública se reflejan sus “serias ineficiencias operativas y administrativas”.
El IMCO añadió que, al igual que los cambios realizados recientemente a la Ley de la Industria Eléctrica, las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos provocarán una afectación en el clima de inversión en el país.
Por ello, el Instituto se sumó a las voces que piden al Congreso de la Unión a no aprobar la iniciativa presidencial. “Representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México”, advirtió.