Gobierno de Canadá se une a inquietudes por ley eléctrica

Redacción / Energía a Debate

El gobierno de Canadá está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está monitoreando la iniciativa preferente de reforma a la ley eléctrica mexicana que pretende fortalecer el papel del Estado en el sector, informó este jueves la ministra de Comercio, Mary Ng.

En un comunicado, se informó que Mary Ng habló este martes con su contraparte mexicana, Tatiana Clouthier, y subrayó que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses.

“La ministra Ng señaló (a Clouthier) que Canadá está vigilando el progreso de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (…) y expresó su creciente preocupación por el clima de inversión en México”, dijo el comunicado.

Ng también “destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México”.

La oficina de Ng no respondió a preguntas de la prensa sobre si pensaba que la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley de la Industria Eléctrica violaba los compromisos de México en el marco del T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020.

Varias cámaras empresariales se han opuesto a esta iniciativa preferente, que dará prioridad en el despacho del servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La semana pasada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó que la iniciativa preferente representaba un incumplimiento de los compromisos de México en virtud del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Asimismo, este miércoles la Cámara Internacional de Comercio (ICC) en México recomendó al Congreso de la Unión rechazar la iniciativa preferente, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero.

Dicho organismo empresarial afirmó que la iniciativa, amén de afectar a toda la industria productora de energías limpias perjudicaría profundamente y a largo plazo la reputación del país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados previamente en tratados internacionales.