(Foto: @M_OlgaSCordero en Twitter)
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, desechó la solicitud de interponer una controversia constitucional en contra del Acuerdo del presidente López Obrador que declara como de seguridad nacional las obras públicas que está impulsando en su administración.
Esta noche, la senadora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo informó a través de su cuenta de Twitter (@M_OlgaSCordero): “Conforme a los criterios de la @SCJN se concluye que el @senadomexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente @lopezobrador_ , como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.
Senadores de las fracciones parlamentarias de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del llamado Grupo Plural, solicitaron a finales de noviembre pasado a Sánchez Cordero integrar una controversia constitucional en contra del Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador que declara como de “interés público” y “de seguridad nacional” todas las obras públicas que está llevando a cabo en su administración.
El documento, con nombre “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, fue publicado el pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.
La senadora Sánchez Cordero explicó en su cuenta de la red social que, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente. “En mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”, aunque aclaró que ello no implica que el Acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.
Sin embargo, dejó la puerta abierta a que otras instancias podrían “encontrar motivos” para una controversia de esta naturaleza.
“Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”, aseguró la también ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Acuerdo del presidente López Obrador considera también como obras “de interés público” y de “seguridad nacional” las de tipo energético, según se asienta en el artículo primero del documento:
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Esta disposición normativa entró en vigor el mismo día de su publicación.