La bancada del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República solicitó la tarde de este martes la intervención de diversas instancias para que se investigue a fondo el caso de los contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa norteamericana Baker & Hughes, con el fin de determinar si existieron actos de corrupción y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Los legisladores Xóchitl Gálvez Ruiz, Kenia López Rabadán, Julen Rementería del Puerto, Lilly Téllez, José Alfredo Botello Montes, Gina Andrea Cruz Blackledge, Nadia Navarro Acevedo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Indira de Jesús Rosales San Román, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Estrella Rojas Loreto firmaron un punto de acuerdo por el que exhortan al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para que informe el número de contratos, objeto, monto y plazo de ejecución de cada uno de ellos que se asignaron a Baker Hughes a partir del 1 de diciembre de 2018, así como el mecanismo de asignación de dichos contratos.
Asimismo, la bancada del blanquiazul emitió este mismo día otro punto de acuerdo por el que solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue la asignación de los contratos y sus ampliaciones otorgados por Pemex a Baker Hughes entre 2018 y 2021, esto con el fin de determinar si hubo comisión de irregularidades y/o actos de corrupción que afecten la hacienda pública federal.
Y un tercer punto de acuerdo exhorta al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que abra una carpeta de investigación por posibles actos de corrupción en la petrolera estatal en la asignación de contratos y sus respectivas ampliaciones a favor de la Baker Hughes durante la actual administración federal.
En este punto de acuerdo, firmado por todos los miembros del grupo parlamentario del PAN, también se solicita que se investigue la actuación de los funcionarios públicos involucrados y los directivos de la empresa con la intención de que se deslinden posibles responsabilidades penales.
Los puntos de acuerdo del PAN presentados ante el Pleno buscan determinar posibles actos de corrupción y conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su esposa, Carolyn Adamns, luego de que investigaciones periodísticas revelaran que un alto funcionario de Baker Hughes rentara a la pareja una costosa mansión de su propiedad ubicada en la ciudad de Houston, Texas, presuntamente por haber recibido extensiones de contratos con Pemex en condiciones preferenciales y contratos por asignación directa por un monto por 89 millones de dólares.
El director de la petrolera estatal, Romero Oropeza, aclaró la semana pasada que se trató en realidad de una licitación en la que participaron seis empresas y que Baker había obtenido el contrato por haber ofrecido 42% por debajo del precio referencial en su propuesta económica.
Esto, además, desató sospechas acerca de los ingresos de López Beltrán de quien no le conoce un empleo formal.
El presidente López Obrador, por su parte, explicó el lunes de esta semana que su hijo en realidad trabaja para el empresario Daniel Chávez Morán, dueño de la empresa Vidanta y que presta un servicio “honorífico” como asesor para la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán.
Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo también aseguró que José Ramón presta sus servicios como asesor jurídico para la empresa KEI Partners, filial de Vidanta, supuestamente con base en Houston.
Derivado de la declaración del presidente López Obrador sobre el empresario Chávez Morán, la senadora Xóchitl Gálvez presentó además este mediodía una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se inicie una investigación y determinar si existe un conflicto de interés entre el mandatario federal y el dueño de Vidanta.