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(En la imagen, Miriam Vargas, integrante de la Red Nacional Futuros Indígenas. Foto: Captura de pantalla)
Representantes de la sociedad civil y de pueblos indígenas exigieron que se eleve a rango constitucional el derecho humano al acceso a la electricidad para que los mexicanos puedan exigir al Estado el suministro de este servicio, así como demandar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por tarifas excesivas.
Durante el Foro 22: Electricidad como derecho humano de rango constitucional, del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, Claudia Aguilar Barroso, directora del Despacho Aguilar Barroso y Asociados, aseguró que la garantía del acceso a la electricidad es clave para el desarrollo humano, al tiempo que es necesario desarrollar un esquema de tarifas sociales acorde con las posibilidades de pago de cada usuario.
En este sentido coincidieron los seis ponentes, tanto a favor como en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por el gobierno federal.
La abogada recordó que 1.38 por ciento de la población mexicana no tenía acceso a la electricidad con corte a 2018, pero el Estado debe estar obligado a garantizar este derecho, aunque no puede hacerlo sin la cooperación del sector privado.
Además, comentó que la iniciativa como está redactada, no garantiza el acceso al servicio eléctrico, porque centraliza el control de la energía en la CFE.
Berenice Salazar Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró plausible que se lleve al Artículo 25 constitucional la obligación de que el Estado lleve la electricidad a todos los mexicanos.
Sin embargo, consideró que el texto de la iniciativa propone soluciones que no están centradas en un tema de Derechos Humanos, sino darle el poder total a la empresa que lidera Manuel Bartlett Díaz, por lo que la propuesta ignora la inclusión, bloquea el acceso como ciudadanos a la transición energética ni habla de los derechos de las comunidades indígenas.
En el encuentro en la Cámara de Diputados, David Peña Rodríguez, defensor de Derechos Humanos, acusó que los mexicanos no tienen forma de defenderse contra los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que su régimen actual la ubica como una empresa comercial.
El activista dijo que desde 2005, la compañía empezó a hacer cobros excesivos a la población, lo que dio origen a la creación de la Red de Resistencia Civil para poder pelear contra estos cobros.
Esta red propuso modificaciones que se basan en tres ejes, el borrón y cuenta nueva, reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como derecho humano y la creación de tarifas sociales, acordes con la situación económica de cada familia o comunidad.
La reforma, dijo, permitiría reestructurar a la CFE, porque no se puede mantener con una lógica comercial, y tiene que ser un ente del Estado que garantice el servicio eléctrico, aunque dijo que no se busca reforzar a la empresa como está en este momento, sino que se cree un nuevo organismo que realmente esté obligado a respetar el derecho al acceso de electricidad.
En este mismo sentido, Santiago Arroyo, fundador de Ursus Energy, recordó que la Comisión Federal de Electricidad es la empresa que tiene más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el cobro excesivo de tarifas, y advirtió que con las políticas energéticas implementadas por este gobierno, el recibo se ha encarecido nueve por ciento.
Además, Arroyo consideró que ninguna de las dos reformas, la de 2013 y la propuesta por el gobierno federal ponen en el centro de la discusión a los consumidores, y eso es algo criticable en ambos sentidos.
Por su parte, Miriam Vargas, integrante de la Red Nacional Futuros Indígenas, aseguró que ni el sector privado ni la CFE han respetado los derechos de las comunidades indígenas, pues ambos han cometido actos violatorios en contra de la propiedad y hasta han atentado contra la vida de las personas que defienden sus tierras.
“Ponemos en duda que una empresa del Estado como la CFE va a garantizar el acceso a la energía sin dañar los derechos de los pueblos”, dijo Vargas Teutle. “La generación de energía por parte de la CFE también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas”, mencionó la representante de pueblos indígenas.
En este sentido, Santiago Arroyo coincidió en que es necesario buscar mecanismos que garanticen la evaluación de impacto social de los proyectos del sistema eléctrico que realiza la CFE y el sector privado.
En su intervención, Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que a nivel mundial 20 millones de humanos no tienen acceso a la electricidad y coincidió en que es necesario revisar el sistema tarifario del país para evitar cobros excesivos y garantizar el acceso a la energía.
