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(En la imagen, José Jaime Gutiérrez Nuñez, presidente de la Camimex. Foto: Captura de Pantalla)
Representantes del sector privado pidieron frenar la radicalización del debate de la iniciativa de Reforma Eléctrica y poner datos comparables para alcanzar acuerdos que permitan llevar los cambios que se consideren necesarios a buen puerto.
Durante el Foro 24: Grandes productores y consumidores de electricidad del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, Sergio Jesús Arzola Soto, asesor energético de Bachoco, dijo que las posturas radicales entorpecen el propósito del foro.
El representante de la empresa de alimentos consideró que las empresas cambian con el tiempo, así como los mercados y las condiciones de los países, por lo que argumentó que la reforma de 2013 fue necesaria, aunque admitió que tiene que ajustarse para que sea benéfica para el usuario y fortalezca a la CFE.
Arzola Soto solicitó apertura para discutir y evitar radicalizar la nueva reforma, pues están de acuerdo con la implementación de un nuevo marco jurídico, pero aclaró que no todo lo que se hizo antes es malo ni todo lo que se propuso es una solución.
“Si tenemos los mismos datos podemos llegar a una conclusión, a algo constructivo. Cuando hablamos de diferentes datos es muy difícil que nos vayamos a poner de acuerdo”, advirtió en su participación José Jaime Gutiérrez Nuñez, presidente de la Cámara Minera Mexicana (Camimex).
El representante de los mineros en el país advirtió que el sector ha perdido competitividad en los últimos años a nivel mundial, debido al freno que se puso a las concesiones mineras.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Fraser, dijo, México pasó del lugar 11 al lugar 40 entre los países más atractivos para la minería, situación que se puede agravar con la Reforma Eléctrica.
Esto se debe a que más de la mitad de los costos del sector provienen de la energía que consumen.
Añadió que el sector ha reducido 60 por ciento sus inversiones a raíz del inicio del sexenio, situación que se podría agravar con el cambio constitucional como está propuesto.
Por separado, Sergio Alcalde, director de Fortius Electromecánica, aseguró que es necesario mantener un regulador del sector que sea independiente y descentralizado, que permita establecer reglas claras para los inversionistas públicos y privados.
DEFIENDE LABOR SOCIAL
Durante el foro, algunos diputados criticaron la falta de responsabilidad social del sector minero y las afectaciones que generan en las comunidades donde tienen actividades.
Sin embargo, José Jaime Gutiérrez Nuñez, presidente de la Camimex, aseguró que independientemente de las contribuciones que hace la industria al Estado, lo que incluye el pago de impuestos, los derechos de explotación del oro y la plata, así como las aportaciones al Fondo Minero, también colaboran con el desarrollo de infraestructura básica en las comunidades donde tienen actividades.
Entre estas inversiones destacó la inversión en caminos, escuelas, hospitales y energía eléctrica, lo que va más allá de sus obligaciones.
El representante minero añadió que en 2021, la minería pagó más de 61 mil millones de pesos en impuestos. En los últimos cinco años han pagado más de 225 mil millones de pesos en este apartado.
“Quien diga que no pagamos los impuestos en minería, créame que somos las empresas más reguladas de toda la industria y los que más pagamos impuestos además de algunas cuestiones adicionales como son los derechos a la producción del oro y la plata”, mencionó.
