Como ya debemos tener claro a estas alturas, México es tomador de precios del petróleo, hidrocarburos y petrolíferos. Ni su producción o demanda tiene impacto en los mercados internacionales ni en los precios de referencia. Eso sí, el gobierno decide la política de subsidios a los energéticos, pero ello siempre conlleva distorsiones y costos ya sea a las finanzas públicas, a las finanzas de las empresas productivas del estado, a la viabilidad económica de los participantes del mercado, o al consumo eficiente por parte de los usuarios finales, entre otros. Estos costos y distorsiones, en mayor o menor medida, en el corto o mediano plazo, siempre estarán presentes cuando se decide subsidiar de manera generalizada el consumo de algún energético.
Una de las mayores distorsiones de los subsidios generalizados radica en que se otorgan más beneficios a los usuarios que consumen cantidades mayores del energético subsidiado. Es decir, resulta ser una política altamente regresiva, lo cual la hace una política injusta, ya que se asignan más recursos a quienes no lo necesitan. Por ejemplo, con los 400,000 millones de pesos que Hacienda estima costará el subsidio a las gasolinas y diesel durante 2022[1], se podría apoyar a millones de familias de escasos recursos en el pago del transporte público, en su consumo de gas LP o en apoyos para la colocación de páneles solares en sus hogares o comunidades, entre otros.
Haciendo un ejercicio de apoyos focalizados para el consumo de gas LP, tomemos como población objetivo los más de 10 millones de hogares mexicanos que, de acuerdo con la ENIGH 2020[2], se encuentran dentro de los 3 deciles de menores ingresos[3] para otorgarles un subsidio al consumo de 15 kg de gas LP al mes[4], a un precio promedio de 24.56 pesos/kg[5]. Este apoyo focalizado durante doce meses a 10 millones de hogares vulnerables costaría alrededor de 44,000 millones de pesos, tan solo el 11% del presupuesto federal asignado al subsidio generalizado e ineficiente al consumo de las gasolinas y diesel.
“Para implementar este tipo de medidas focalizadas se requiere voluntad y capacidad técnica desde el gobierno”.
Para implementar este tipo de medidas focalizadas se requiere voluntad y capacidad técnica desde el gobierno, pero al parecer ninguno de estos aspectos está por encima de los móviles políticos e ideológicos que imperan en las decisiones públicas.
El Banco Mundial prevé que el aumento en los precios de los energéticos continúe por el resto del año y que la caída en los mismos se verá en 2023 o 2024. ¿Hasta cuándo nos alcanzará con nuestros impuestos para aplicar este tipo de subsidios que benefician más a quienes más tienen? ¿Quién pagará la diferencia entre los precios internacionales y los precios subsidiados: Pemex, las empresas privadas, el gobierno federal o todas las anteriores? Y esto no depende de que seamos autosuficientes en la producción nacional de energéticos, porque, aunque así fuera, siempre hay un costo de oportunidad de vender a un precio menor al precio de mercado y éste lo marcan las referencias internacionales.
Notas:
[1]Este costo incluye lo que se ha dejado de cobrar por IEPS, las transferencias directas y el IVA no generado.
[2] ENIGH=Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares levantada por el INEGI.
[3]Fuente: INEGI. “Los hogares pueden ser agrupados de acuerdo con los ingresos que perciben. Cuando se forman diez conjuntos del mismo tamaño, se les conoce como “deciles”, por lo que el primer decil está integrado por la décima parte de los hogares que tienen los menores ingresos, y así de manera sucesiva, hasta llegar al último decil, que está compuesto por la décima parte de los hogares con los ingresos más altos”. La ENIGH 2020 estima que en México hay 35.7 millones de hogares.
[4] El consumo promedio de una familia de 4 personas es de 25 kg al mes.
[5] Fuente: CRE. Precio promedio nacional aplicable durante la cuarta semana de junio de 2022.
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