Firman gobierno y empresarios Acuerdo contra la inflación

(Foto: Presidencia de la República)

El gobierno federal mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y de la electricidad establecida desde 2018, esto como parte del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), firmado esta mañana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios especialmente del ramo alimentario.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el mandatario federal destacó que el Acuerdo fue un consenso entre gobierno y sector privado para disminuir los efectos de la inflación.

“Es muy importante el que se haya suscrito este Acuerdo y que sea mediante consenso”, expresó López Obrador, acompañado por 15 empresarios de la industria de los alimentos que operan en México.

“Fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva. Fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar, esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar”, les dijo.

El documento asegura que el gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación.

Sin embargo, agrega, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido, lo que explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre 2022 sea de 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos.

Asimismo, el Acuerdo señala que, a diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, considera que la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores, para fortalecer esta oferta de alimentos.

Diez medidas contra la inflación

Derivado de lo anterior, el Acuerdo firmado entre el sector público y el privado plantea 10 medidas para combatir el fenómeno inflacionario.

1. Basado en la confianza, el Gobierno Federal otorga a las empresas firmantes de este Acuerdo una Licencia Única Universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.
2. Durante la vigencia de este Acuerdo y en el marco de la Licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
3. Con esta Licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
4. El Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hasta el 28 de febrero de 2023.
5. La autoridad atenderá, con el interés de fortalecer la producción nacional, los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de ser superada por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.
6. El Gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios, y cancelará, por el periodo de este Acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos.
7. Actualmente, el precio máximo promedio de la Canasta Básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8 por ciento, a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023.
8. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este Acuerdo. En específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3 por ciento menor al precio promedio máximo actual.
9. Las empresas aquí firmantes y el Gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos donde se detecten abusos, en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos.
10. El Gobierno revisará permanentemente el desempeño de este Acuerdo en reuniones con las empresas.

En la conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, subrayó que durante la vigencia del Acuerdo, la dependencia a su cargo suspenderá la revisión y trámites que puedan encarecer el precio de los alimentos.

Igualmente, aclaró que las empresas participantes se comprometerán a que los alimentos importados, así como los insumos para su elaboración, serán de calidad y “libres” de contingencias sanitarias.

Empresarios comprometidos

Los empresarios que firmaron el Acuerdo con el gobierno federal son:

Antonio Suárez Gutiérrez, de la empresa atunera Tuny; Leovi Carranza Beltrán, también de la atunera de Grupo Pinsa-Dolores; Juan Antonio González Moreno y Altagracia Gómez Sierra,  de Grupo Gruma-Maseca y MINSA, respectivamente, ambas de harina para tortillas, así como Daniel Salazar Ferrer, Isidro Ávila Lupercio y Alfonso Celis, de Bachoco, San Juan y Socorro, empresas dedicadas  a la producción de pollo y huevo.

También participaron las empresas de carne Sukarne y Grupo GUSI, al mando de Jesús Vizcarra Calderón y Arnulfo Ortiz, respectivamente, además de José Zaga Mizrahi y Eugenio Caballero Sada, de las empresas de carne de cerdo OPORMEX y Sigma Alimentos.

Respecto al sector de distribución de alimentos y diversos artículos, aparecen en la lista Guilherme Loureiro y Javier Treviño de Walmart; Ricardo Martín Bringas, de Soriana, y Antonio Chedraui, de la cadena Chedraui.

Por último, también se unió Alfonso Rosales Wybo, de la empresa Verde Valle.