Energía A Debate

El peor futuro que puede tener México en materia de explotación y aprovechamiento del litio es que no funcionen ni el esquema estatal, ni el privado, si no hay un buen diseño del organismo público Litio para México y si no se establece bien la participación de los privados en la minería, consideró José Roldán Xopa, consultor de la firma Natural Resources Governance Institute (NGRI).

Si bien afirmó que una empresa pública bien planificada y con los recursos necesarios puede ser beneficiosa, también expuso que no se debe demonizar la participación de los particulares en actividades de extracción minera en el país.

“No es demonizable que los particulares participen. La cuestión está en cómo está evitar los escenarios de un extractivismo que no deje nada el dueño del recurso natural y los posibles beneficios”, dijo.

Esta mañana, Roldán Xopa presentó su más reciente estudio “Litio para México. Estudio sobre la empresa pública y la regulación del litio en México”, auspiciado por NGRI.

Manifestó que las recientes reformas a la Ley Minera, promovidas por la actual administración, han provocado vaguedad jurídica e incertidumbre en la industria de la minería en general.

Por un lado, Litio para México no tiene un diseño que permita definir con claridad el alcance y los recursos con los que cuenta, pero que se pretende que abarque toda la cadena de valor de este mineral y de otros considerados como estratégicos, y por el otro hay una indefinición sobre la participación de los privados y en que sí podrán y qué no podrán, además del destino de las concesiones actuales.

“A futuro, lo peor que podemos tener es que no funcione ni una cosa, ni la otra. Es decir, que no funcione la empresa pública en estas altas expectativas que tiene, pero que tampoco la empresa privada pueda algo en términos por supuesto razonable. En eso estaríamos hablando de una oportunidad perdida”, lamentó.

En el evento virtual, moderado por María Fernanda Ballesteros, gerente para México de NGRI, Roldán Xopa puso énfasis en el diseño del organismo público, mismo que fue creado por Decreto presidencial publicado el 23 de agosto de 2022.

En este sentido, subrayó la importancia de que tenga un mandato claro y definición de quién decide y qué decide en su estructura de gobierno, además de si dichas decisiones son de carácter político u obedecen a consideraciones de eficacia, eficiencia, con componentes técnicos y de racionalidad económica.

También indicó que con este organismo, el Estado tiene una doble faceta de empresario y de regulador, lo que genera un conflicto de interés.

“La función de regulador es ser imparcial [y] uno de los grandes enigmas es si puede ser imparcial con respecto en un escenario de competencia”, cuestionó.

Por su parte, Casiopea Ramírez, socia directora de Fresh Energy Consulting, coincidió con el autor del estudio en cuanto al diseño de Litio para México y cuestionó la posibilidad de que este organismo pueda asociarse con empresas privadas.

Toda vez que carece de presupuesto y existen vacíos en cuanto a mecanismos de contención, de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia, entre otros, la especialista cuestionó el “valor del Estado”, es decir, si podría despertar el interés de otros para ir en asociación en algunos proyectos.

Al respecto, mencionó algunos puntos a considerar, como el valor añadido del Estado mexicano para ser considerado como un socio atractivo para el desarrollo de las reservas de litio; la experiencia que tiene, y su aporte a la sociedad.

“Parece ser que el valor estratégico es solamente porque lo dice la reforma [a la Ley Minera], solamente porque se le está asignando ese valor de que el Estado es el único que puede explotarlo”, respondió ella misma.

Advirtió que una asociación así puede conllevar riesgos, pues al no tener experiencia el Estado ni capital, así como mala reputación en la gestión de condiciones ambientales, o sociales –como en el caso de Petróleos Mexicanos–podría traer problemas al sector privado.

“Podríamos quedarnos como en el caso de Bolivia en que nadie se quiere asociar con el Estado y las reservas se quedan ahí”, ejemplificó.

En su oportunidad, César Hernández Ochoa, socio director de la consultora Publius, igualmente coincidió con el diseño deficiente del organismo público.

“Litio para México tiene diseño relativamente pobre”, dijo Hernández Ochoa.

Recordó que en 2022 se le asignó presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) y en el de 2023 no tiene un presupuesto separado o diferenciado de la Secretaría, aun cuando en el Decreto de creación se especifica que cuenta con patrimonio propio.

“Es un patrimonio propio que está en la naturaleza del organismo, pero no está en la realidad”, concluyó.

Litio para México, sin consulta indígena

El estudio elaborado por José Roldán Xopa concluye, entre otras, que las reformas a la Ley Minera, publicadas el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, no contemplan la consulta indígena.

“La forma en la que se realizó la reforma a la Ley Minera (en concreto, el apresuramiento) tuvo, entre otras consecuencias, la omisión de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas, lo cual puede llegar a ser motivo de inconstitucionalidad”, asegura el.

Igualmente, el autor concluye que el Decreto plantea otros “aspectos problemáticos” que ya están contenidos en algunas demandas de amparo interpuestas por privados contra estas reformas.

Entre los aspectos, Roldán cita que, al incorporar en su órgano de gobierno a Secretarías de Estado que tienen una función regulatoria, plantea un conflicto de interés funcional y subraya que los entes reguladores deben tener una posición neutral respecto a los demás agentes del mercado.

También dice que no se prevén formas de gobierno corporativo en el que participen consejeros independientes.

Sobre el financiamiento, asegura que no es claro ni suficiente. No hay dotación de recursos directamente establecidos en el Presupuesto de Egresos y dependen de la discrecionalidad y de los límites presupuestarios de la Sener.