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Para alcanzar el net zero en 2050, en América Latina se tienen que invertir cada año 700 mil millones de dólares en activos físicos para energía y sistemas de uso de la tierra, estimó la compañía Mckinsey.
En su análisis, ¿Están preparadas las instituciones financieras latinoamericanas para la sostenibilidad?, la consultoría detalló que la mayor parte de las necesidades de crédito se concentran en dos naciones: México y Brasil.
En conjunto, las dos economías más grandes de la región requieren 53 por ciento del total de la inversión, donde Brasil absorbe 34 por ciento del total y México 19 por ciento.
“A medida que América Latina se vuelve cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático, los riesgos físicos y de transición probablemente tendrán un mayor impacto en las instituciones financieras”, advierte Mckinsey.
En este sentido, precisó que la exposición de América Latina al riesgo climático se está intensificando rápidamente, pues la región alberga 13 de los 50 países más susceptibles a los choques relacionados con el clima, y las crisis climáticas podrían empujar hasta 5.8 millones de personas a la pobreza extrema en América Latina y el Caribe para 2030.
“Un análisis del McKinsey Global Institute sobre el perfil de riesgo de América Latina bajo un escenario de altas emisiones (RCP 8.5) encontró que la región está más expuesta a las olas de calor, humedad, sequías y degradación de los ecosistemas”, añade.
Además, muchos de los sectores económicos clave de la región están bajo la amenaza directa de otras formas de daño ambiental, entre las que destacó la agricultura, la silvicultura y la pesca.
“Estos sectores son fundamentales para los resultados económicos, la seguridad alimentaria y los medios de vida, por lo que protegerlos probablemente sea una prioridad principal para los actores políticos, las agencias de ayuda internacional y las instituciones multilaterales de desarrollo de América Latina dentro y fuera de la región”, dice el estudio.
Por ello, destacó que la inversión pública en conservación y resiliencia climática debe contribuir a ampliar la gama de oportunidades para la inversión privada complementaria.
“Las instituciones financieras pueden ayudar a satisfacer la demanda mediante el desarrollo de su capacidad para identificar, medir y gestionar los impactos de los riesgos relacionados con el clima. Las instituciones que se posicionan para facilitar los flujos de capital privado que respaldan la adaptación, la resiliencia y la conservación climáticas pueden disfrutar de una ventaja competitiva significativa”, dice el análisis.
