Denuncian afectaciones a comunidades por derrames en Sonda de Campeche

Temor a represalias, intereses económicos locales y corrupción son algunos de los problemas a los que se han enfrentado las comunidades afectadas por derrames de hidrocarburos y fugas de gases en regiones donde se llevan a cabo estas actividades extractivas, denunciaron representantes locales.

Comunidades de pescadores en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, por ejemplo, no denuncian las afectaciones que han tenido los derrames de petróleo crudo en el mar por temor a que haya represalias en su contra, aseguró Ana Gómez, residente cercana a la zona de la Escollera en la región.

En conferencia de prensa virtual en el marco de la semana de debates “Nuestro futuro, nuestra energía” que se lleva a cabo estos días, Gómez dijo que desde julio pasado se ha incrementado la presencia de aceite en la playa de la localidad.

“A partir de principios de julio comenzamos a ver lo que son pequeñas piedritas, bolitas, de chapopote que al principio no eran muy molestas porque ya había en otra ocasión muy leves, pero con el paso de las semanas se empezaron a presentar montículos más grandes y a abarcar lo que es la extensión en la playa, que son aproximadamente 126 metros de largo entre escollera y escollera”, refirió.

Al respecto, dijo que la afectación no solo es en la actividad turística que se desarrolla en la zona, sino también para las comunidades de pescadores que han visto aumentar la concentración de chapopote en las aguas marinas.

“Los pescadores tienen miedo de las represalias de las autoridades, por eso no quieren aceptar”, expuso y refirió que esas comunidades son de escasos recursos y viven únicamente de la pesca.

En julio pasado, más de veinte organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil denunciaron una fuga de hidrocarburo en el complejo petrolero de Ek-Balam en el Golfo de México, a la altura del estado de Campeche, perteneciente al yacimiento de Cantarell en la llamada Sonda de Campeche.

En su momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se trataba de una fuga en uno de los oleoductos del complejo y aseguró que la mancha del hidrocarburo abarcaba solo 0.06 kilómetros cuadrados de extensión marina, pero la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que, derivado de estudios realizados por el Instituto de Geografía y el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la afectación superaba los 460 kilómetros cuadrados.

Por su parte, Nancy Martínez, de la comunidad Oriente Medio Día del Municipio de Espinal, en Totonacapan, Veracruz, dijo que las actividades de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, conocida como fracking, la cual se realiza en la localidad, ha provocado la contaminación de los mantos acuíferos que les proveen de agua.

“Hay comunidades que no tienen agua potable, pero sí manantiales que abastece a toda la comunidad. En ocasiones, recientemente, no es solo que la contaminen, sino que la poca agua que tenemos ahora nos la quitan para hacer fracking”, denunció.

En el agua existe asimismo presencia de aceite que ocasiona problemas intestinales y afectaciones en la piel, además de que se han incrementado los casos de cáncer entre los pobladores.

Igualmente, señaló que existe presencia permanente de gas metano en el ambiente de la zona, lo que provoca dolores de cabeza y náuseas.

En la transmisión, la ponente externó la queja de que las autoridades no proveen a los habitantes de las comunidades información sobre esta actividad ni sus consecuencias.

Las organizaciones ambientalistas expresaron que los impactos identificados por las comunidades de los estados de Campeche, Veracruz y Tamaulipas no son aislados, sino recurrentes debido a una operación petrolera que normaliza los derrames que ocasionan daños irreversibles en los ecosistemas, las especies nativas de la zona, la salud de las personas, la economía local y hasta en aspectos culturales que determinan la identidad de los habitantes de las comunidades afectadas.

Desde que denunciaron los derrames de hidrocarburos a mediados de año, estas organizaciones han insistido en que, a pesar de la presión ejercida por ellas, la evidencia presentada por instituciones académicas y una extensa cobertura de los hechos por medios de comunicación, Pemex no ha respondido con claridad respecto a los impactos que los desastres asociados a su operación han provocado en la zona costera y en comunidades cercanas, éstas se han convertido de facto en zonas de sacrificio que ponen en constante riesgo a los pobladores y ecosistemas.

Es el mismo caso de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Colocan como prioridad al mercado de hidrocarburos y sus políticas por sobre la vida, la salud y el valor ecosistémico de los bienes de la Naturaleza”, subrayaron.

A este respecto, Miriam Lastra, desde Campeche, resaltó el desgaste que representa para el ciudadano denunciar este tipo de desastres y sus afectaciones ante las autoridades, debido principalmente a la corrupción que en ellas impera.

“Es complicado en un sistema de justicia tan corrupto atacar a esta empresa corrupta, [ya que] entre corruptos se queda todo”, expresó.

“Nosotros somos simples ciudadanos que a veces hacemos demandas y no ocurre nada. Es muy desgastante estar yendo a las fiscalías, estar dando vueltas, para que se pueda hacer algo, que tomen cartas en el asunto”, reiteró.

En el mismo sentido, Nancy Martínez dijo que las responsabilidades sobre los accidentes “se triangulan” entre autoridades y que las compensaciones por reparación de daños, en caso de que se otorguen, no llegan a los afectados, sino que se quedan “más arriba”.

“No hay remediación. Los pagos no llegan a las personas que deben llegar, se quedan más arriba”, lamentó.

La semana “Nuestro futuro, nuestra energía”, que se lleva a cabo del 22 al 25 de agosto, es una iniciativa impulsada por más de veinticinco organizaciones, movimientos de la sociedad civil, cooperativas, trabajadores y académicos de México para compartir sus reflexiones sobre los posibles caminos hacia un modelo de generación, distribución y consumo de energía sea común y justo con los pueblos y la naturaleza.