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La reforma al Poder Judicial podría frenar las inversiones privadas, lo que limitaría los beneficios que traería el nearshoring, además de limitar el crecimiento económico después de 2025, advirtió la calificadora Moody’s.
“La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo”, destacó en lo que calificó como un “shock de confianza prolongado”.
La madrugada de este miércoles, el Senado de la República aprobó el dictamen enviado por la Cámara de Diputados con diversas reformas a la Constitución que reformularán el Poder Judicial de la Federación para que quede, en opinión de los críticos y expertos, supeditado a la figura quien ocupe la Presidencia de la República.
La calificadora con base en Estados Unidos también advirtió que el crecimiento económico del país promediará a largo plazo el 2 por ciento, en lugar del 3 por ciento que aportaría el beneficio de nuevas inversiones.
Al respecto, aclaró que la reforma al Poder Judicial no afecta directamente la dinámica del crecimiento económico del país, pero plantea un desafío importante para las inversiones.
“Las nuevas inversiones se han desacelerado desde 2022; la reinversión de las utilidades ha constituido una mayor parte de la dinámica de la inversión extranjera directa (IED), mientras que las nuevas inversiones no han generado un aumento significativo de la IED”, agregó.
El Poder Judicial ha frenado reformas en energía
Moody’s también alertó que esta reforma genera un mayor riesgo de politización y amenaza la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
Recordó que este Poder ha evitado que el Ejecutivo federal “se extralimite” en los últimos años al bloquear algunos de los cambios legales “radicales” promovidos por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobados por el Congreso de la Unión, especialmente en materia de energía, donde las reformas rechazadas habrían reducido la participación privada.
Los jueces y magistrados frenaron esas reformas al considerarlas inconstitucionales o que no habían seguido el debido proceso.
Por lo anterior, Moody’s estimó que los cambios a la ley en el sistema judicial y regulatorio de México generarán más incertidumbre en los proyectos de infraestructura, lo que obstaculizará todavía más las perspectivas de inversión.
“El gobierno entrante de Sheinbaum ha declarado que apoyaría la energía limpia y que estaría abierto a la inversión privada en infraestructura. Sin embargo, una política energética que no apoya la inversión privada en la generación eléctrica local ha reducido significativamente las perspectivas de crecimiento del sector energético y eléctrico, en particular la generación de energía renovable”, previó Moody’s.
