Viola diversos principios la reforma que prohibirá minería a cielo abierto

La reforma en materia de minería que está proponiendo el gobierno federal y que analiza el Congreso de la Unión, que prohibirá las actividades a cielo abierto, viola al menos cuatro principios, consideran expertos y la industria.

La competencia y libre concurrencia; la confianza legítima; el principio de proporcionalidad, y aspectos sociales y económicos se verían afectados de progresar esta iniciativa que busca modificar el Artículo 28 Constitucional para que ya no se otorguen concesiones ni permisos a particulares para realizar minería a cielo abierto y que, además, pondría candados a las actividades de extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

De esta manera, los privados quedarían impedidos de extraer minerales, metales y metaloides por medio de estas prácticas. La iniciativa además establece que se aplicarán sanciones a quienes realicen estas actividades, según la iniciativa presentada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

“El gobierno federal participa activamente y quiere competir con el sector privado. Eso siempre se ha vislumbrado. No debe existir al día de hoy, por principio de constitucionalidad, una ventaja o desventaja competitiva, justificando con la propiedad originaria y el control directo”, explicó Juan Carlos Flores Cano, socio fundador del despacho Flores Doncel y Muñiz, Consultores.

El especialista en Derecho destacó que la iniciativa “lastima” muchos derechos adquiridos previamente y también subrayó que la prohibición bajo el argumento ambiental no es válida, toda vez que para esta actividad, como cualquier otra de la minería, requiere la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como la Evaluación de Impacto Social (EVIS).

Respecto a la confianza legítima,  Flores Cano explicó que se refiere al principio que obliga a las autoridades a no variar las condiciones de sus actos.

“Aquí estarían haciendo una variación a través de una decisión arbitraria de un acto que se había dado en plena certeza legal”, indicó.

La consecuencia es la creación de incertidumbre jurídica entre las inversiones presente y por llegar al país tanto nacionales, como extranjeras.

“Esto afecta la estabilidad generada al día de hoy en las empresas mineras principalmente propiciando arbitrariedades con repercusiones en aspectos económicos”, dijo.  

Por otra parte, la iniciativa tampoco supera la “prueba de la proporcionalidad”, es decir, la autoridad no puede generar un acto que afecte lo que ya se había autorizado.

El abogado reiteró que se puede regular o modificar una ley, meter nuevas reglas del juego para hacer de la industria más sostenible y ordenada, mas no cambiar en su totalidad las condiciones legales con la finalidad de dar todo al Estado en detrimento de los derechos previamente adquiridos de los particulares.

Golpe destructivo al sector

La reforma a la ley es un golpe destructivo, fatal, para la minería, afirmó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

“Es un golpe demoledor para la economía porque el valor de la producción minera que proviene de la cielo abierto representa 59 por ciento del total. Esto ocasionaría una depresión económica q sería muy difícil de revertir en amplias regiones del país”, expresó Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación.

Agregó que la minería en ocasiones es la única opción del empleo, base económica única de las comunidades en donde se desarrolla.

“Serían 690 comunidades en poco más de 200 municipios del país que se verían afectadas”, insistió.

Al conversar con el presidente de la AIMMGM sobre los impactos económicos y sociales de la medida que impulsa la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, agregó que actualmente este sector ofrece alrededor de 2 mil empleos directos y mil indirectos, además de 20 mil estudiantes que estudian o se gradúan de la carrera de Ciencias de la Tierra.

Asimismo, dijo que la reforma afectaría directamente a unas 70 industrias básicas que dependen de los recursos extraídos de la minería.

“Algo que seguramente no han deparado quienes impulsan estas modificaciones es que se reducirían los ingresos fiscales, entrada de divisas y la inversión extranjera directa. Creo que es algo que tiene un impacto económico muy serio que no creo que no hayan deparado en ello”, manifestó Del Pozo.

También alertó que en 12 años, el sector minero en México cayó del puesto número 12 al 74 en el ranking de países más atractivos para las inversiones extranjeras, revelan números del Instituto Fraser.

En este ranking, además, México ocupa el lugar 68 en cuanto a la percepción de las políticas públicas.

Como ejemplo, compartió que el cobre, excelente conductor de la electricidad, hoy es un elemento estratégico para el cambio a las renovables.

“Si nosotros prohibimos la minería a cielo abierto, le estaríamos dando un golpe fatal a la minería de extracción de cobre tan extensamente presente en el estado de Sonora, donde el 95 por ciento de la minería es a cielo abierto”, afirmó.

El representante del sector coincidió con Flores Cano respecto a la pérdida de la confianza y seguridad jurídica para realizar ésta y cualquier otra actividad del sector privado.

“Se pierde en cierta forma la seguridad que se requiere sobre todo cuando estamos hablando de grandes sumas de capital. El capital grande o pequeño requiere certeza. La minería reclama grandes sumas de inversión en dólares, que requiere de grandes periodos de maduración. Estamos hablando de 10 años, así que no cualquiera está dispuesto a arriesgar su dinero cuando hay incertidumbre”, explicó.

Por ello, se pronunció por una regulación de la minería a cielo abierto clara y con certeza jurídica sin estigmatizarla.

“No hay razón para ello, es una técnica perfectamente estudiada y conocida en el mundo, no solo en países subdesarrollados. La minería a cielo abierto está presente en todos lados”, concluyó.