Un grupo de 17 fiscales generales estatales y de Washington, D.C. presentaron este lunes una demanda en contra de la decisión del presidente norteamericano Donald Trump que frena los permisos a particulares para la instalación de infraestructura de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.
Ante un tribunal federal con base en Massachusetts, la coalición de fiscales interpuso una demanda contra el mandatario en la que argumentan que Trump no tiene facultades para cerrar de manera unilateral el proceso de otorgamiento de permisos para estos proyectos.
De acuerdo con el grupo, la decisión de Trump pone en riesgo cuatro factores, que son el desarrollo de una fuente calve de energía; miles de empleos relacionados con este sector; inversiones, y metas estatales relacionadas con medio ambiente y salud pública.
Cabe recordar que en su primer día como presidente de Estados Unidos en este su segundo mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual quedaban en pausa los permisos, aprobaciones y recursos para proyectos de energía renovable, principalmente eólica terrestre y eólica marina.
Letitia James, fiscal general de Nueva York y quien lidera el grupo, expuso en un comunicado que la orden de Trump, además, retrasa el proceso de transición energética de Estados Unidos con repercusiones en el medio ambiente y en la salud.
“Esta directiva arbitraria e innecesaria amenaza con la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones en inversiones, y está retrasando nuestra transición de los combustibles fósiles que dañan nuestra salud y nuestro planeta”, justificó.
La coalición está conformada por los fiscales de los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Washington, además de la capital Washington, D.C.
En sus argumentos, los fiscales también expusieron que en los últimos años, sus estados invirtieron cientos de millones de dólares en la instalación de centrales de generación eólica y en el mejoramiento de las redes de transmisión eléctrica para la incorporación de esta energía limpia.
Asimismo, aseguraron que la decisión de Trump es contraria a los años de respaldo bipartita, en relación con los partidos Republicano y Demócrata, a esta tecnología.
Más allá todavía, los fiscales subrayaron que la orden ejecutiva va en contra de la declaración de “emergencia energética nacional” declarada por el propio Trump al inicio de su mandato.