El presupuesto para 2026 mantiene un enfoque asistencial que no fortalece las capacidades productivas del país, además de que 1 de cada 4 pesos destinados a inversión pública se lo llevará Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró la Coparmex.
La Confederación Patronal de la República Mexicana expuso esta tarde su postura con respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 presentado por el gobierno federal al Congreso de la Unión para su análisis.
“La concentración de recursos en sectores específicos, como el energético, deja rezagadas áreas fundamentales como salud, educación, seguridad e infraestructura”, encontró.
La cúpula empresarial retomó que en el PPEF 2026, el gobierno estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5 por ciento con respecto a lo aprobado en 2025.Sin embargo, apuntó, el escenario económico parte de un déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), ligeramente menor al del año pasado.
Con ello, advirtió, la deuda pública alcanzará un máximo histórico de 52.3 por ciento del PIB, equivalente a 151 mil pesos por habitante, según citó un reciente análisis realizado por México Evalúa.
Los riesgos
En su posicionamiento, la Coparmex bajo la presidencia de Juan José Sierra Álvarez expuso que el PPEF no atiende las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) del país, “que son el corazón de nuestra economía”, calificó.
Añadió que el Paquete Económico 2026 parte de una proyección de crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, superior a la expectativa promedio de 1.4 por ciento.
Sin embargo, previó que si bien factores como el nearshoring o una revisión favorable del T-MEC podrían impulsar la economía, el deterioro de la certeza jurídica derivado de las reformas judiciales, entre ellas las que restringen el amparo, limita el potencial de expansión.
También alertó sobre riesgos en otros rubros, como el de la salud, el educativo y el de la seguridad.
¿Qué hacer?
Entre otras acciones, la Coparmex recomendó fortalecer a las MiPyMEs a través de programas de capacitación, digitalización, financiamiento y vinculación con cadenas de valor, reconociéndolas como el motor de la economía mexicana.
También aconsejó reorientar la deuda hacia inversión productiva, ya que desde su perspectiva los recursos deben destinarse a infraestructura estratégica, innovación, salud y educación, no al gasto corriente.
Añadió elevar la inversión pública al 5 por ciento del PIB con una planeación que promueva la inversión privada, especialmente en sectores de alto impacto regional.
Impulsar la participación del sector privado en energía y obras públicas mediante esquemas de inversión mixta que liberen recursos públicos, es otra de las recomendaciones que hizo.
Del mismo modo consideró fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho.
“Es urgente reasignar recursos suficientes para la seguridad ciudadana, profesionalizar a las corporaciones policiales, garantizar equipamiento adecuado y fortalecer los sistemas de justicia”, aseguró.
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