Uno de los pendientes que tiene nuestra Pemex es la aplicación de su Estatuto Orgánico, un bote que ha venido pateando desde mayo de 2025 porque hay inconformidades.
Le recordamos que la nueva Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, publicada en marzo de 2025, cambió sustancialmente la naturaleza y estructura de la compañía petrolera de todos los mexicanos, a lo que se suman los esfuerzos por parte de la actual administración por adelgazarla.
La primera versión del Estatuto, aprobada por el Consejo de Administración el 22 de mayor del año pasado, reformó la parte que los enterados llaman la “macroestructura”, es decir, los mandos altos representados por las Direcciones, Subdirecciones y Gerencias.
Para el caso de la “microestructura”, es decir, de ahí para abajo, como Subgerencias, Superintendencias, Unidades, Departamentos y Secciones, la legislación otorgó a la Dirección General un plazo de un año para su aplicación, es decir, mayo de 2026.
Pero cuentan quienes están en estos asuntos que la versión publicada en mayo del año pasado –obviamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– no dejó muy satisfechas a las fuerzas armadas que tienen la responsabilidad del área de Salvaguarda Estratégica. La razón es que con la reestructura, los bajaron de nivel para ponerlos subordinados a la Dirección de Logística que encabeza Israel Benítez López.
Así que hubo que hacer modificaciones que se plasmaron en una segunda versión del Estatuto aprobada el 4 de septiembre, pero –salvo otros cambios aparentemente menores– todo lo demás se quedó igual.
Esta segunda actualización pateó otra vez el bote un año más a septiembre de 2026, por ello vimos a finales de este último mes que el Estatuto apareció en el portal del DOF pero en versión copy-paste, solo con la modificación en la fecha. Nomás por cumplir, pues.
Y es que ahora el asunto está trabado del lado del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el STPRM que lidera Ricardo Aldana. Al parecer, en la microestructura podría haber recortes en algunas áreas “fantasmas” de trabajo. Según comentan, en la lista con este problema aparecen los complejos petroquímicos Escolín, Camargo, Independencia y Cosoleacaque.
Por eso, los muchachos del director general de la petrolera, Juan Carlos Carpio Fragoso, andan muy trabajosos porque, al parecer, tienen la instrucción de sacar la versión final del Estatuto Orgánico de Pemex en enero de 2027. Y ya nos imaginamos cómo han de estar las negociaciones con el Sindicato.
Diésel, un problema ya masticado con el gas
La noticia de la semana pasada fue, sin duda, la restricción del presidente norteamericano Donald Trump a las exportaciones de diésel para paliar el disparo en el precio del combustible y garantizar un abasto seguro a los transportistas de su país.
Y es que con la guerra en Medio Oriente, con un Irán que defiende su control sobre el Estrecho de Ormuz, refinerías en esa región fuera de operación por los bombazos que han recibido y una Rusia que ha suspendido sus exportaciones de éste y otros combustibles porque los requiere para su mercado interno y continuar con su pleito con Ucrania, las cosas se han puesto complicadas.
Del lado de México, a pesar de los incrementos en la producción doméstica de diésel presumidos por la actual administración, lo cierto es que el país continúa dependiendo en buena medida de las importaciones mayoritariamente de Estados Unidos, un problema agravado por la falta de almacenamiento estratégico que garantice disponibilidad en tiempos de crisis. Sí, justo como la que vivimos actualmente.
¿Le suena familiar? Sí, porque ya hemos masticado mucho esta historia con respecto al gas natural, cuyas importaciones ya representan alrededor de 75 por ciento de la demanda en México, y sin un plan de almacenamiento estratégico ni remotamente visible en el largo plazo.
Ahora bien, la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, el pacto por el que autoridades y empresas mantienen un tope máximo a los precios de la gasolina regular y del diésel sigue vigente, lo que ha impedido que este tsunami llegue hasta los consumidores, pero con un alto costo para las finanzas públicas y para los comercializadores. En algún punto de la cadena de valor pega la crisis.
Analistas y representantes de la industria se preguntan –y nosotros también– cuánto tiempo más podrán aguantar Pemex y los gasolineros en absorber los incrementos en el precio de este combustible.
La cosa pinta complicada y refuerza la política de la actual administración con respecto a la soberanía y la autosuficiencia energética. ¿Usted qué opina?
Despetrolizamos las finanzas, pero…
¿Lo ha notado usted? Al parecer, los gobiernos de la Cuarta Transformación se han puesto como meta la despetrolización de las finanzas públicas, un tema muy controvertido por allá de los años 90 del siglo pasado.
Se lo comentamos porque la semana pasada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, hizo un llamado a reducir la “carga financiera” de Petróleos Mexicanos, en línea con los agresivos esfuerzos del sexenio pasado por bajar lo más posible sus contribuciones al fisco. Esto sin contar las generosas transferencias de recursos públicos para “apoyarla” financieramente.
Y es que la participación de los ingresos recaudados por el Fondo Mexicano del Petróleo con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) han tenido una importante reducción, al pasar de 2.8 por ciento en 2018 a apenas 0.7 por ciento al cierre de 2025.
Asimismo, los ingresos por exportaciones de petróleo crudo pasaron de los 26.5 billones de dólares anuales a los 12.9 billones en el mismo periodo, una reducción de poco más de 50 por ciento, que va acompañada de un desliz en la producción de este recurso.
Según el discurso oficial, la idea es que solo se produzca el petróleo necesario para su refinación y satisfacer la demanda interna de petrolíferos.
La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo para compensar lo que está dejando de entrar por concepto petrolero?
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