Esta semana tuvimos una buena noticia en materia de regulación que impacta de manera muy positiva en la industria energética del país. Y es que va avanzando muy bien en su andar regulatorio la Guía Técnica de Hidrógeno Verde (Producción, Almacenamiento y Seguridad) que se desarrolló al interior del Comité Técnico de Normalización Nacional para Gases Comprimidos (NGCO-12) de la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (NORMEX).
En la elaboración de la Guía Técnica participaron, entre muchos otros, las mentes de Dieter Femfert, coordinador Técnico, y José Anaya, coordinador Industrial, ambos de la Asociación Mexicana del Hidrógeno y Transformación Energética (H2México) que preside Israel Hurtado.
Destacó esta Asociación que el documento fue pensando originalmente para ser un Estándar que establezca criterios para la producción, compresión, almacenamiento y manejo seguro del hidrógeno verde, a la vez que incorpore lineamientos para el diseño y operación de instalaciones, evaluación de riesgos, sistemas de almacenamiento, dispositivos de seguridad, ventilación y control de atmósferas inflamables, con base en referencias internacionales como IEC 31010 e ISO 12100.
La buena es que para integrarse de manera temporal como Guía Técnica, el texto del documento no fue modificado ni en una coma. Según explica la H2México, cuando se publique el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Guía elevará su estatus justamente a un Estándar. ¿La mala? En realidad no hay mala.
A nombre de la Asociación, Hurtado reconoció la elaboración de la Guía Técnica, ya que la consideró como un avance importante para fortalecer la seguridad, la calidad y la certidumbre técnica en el desarrollo de la industria del hidrógeno en México. Y es que son realmente muy inicipientes los pasos que está dando el país principalmente en materia de hidrógeno limpio, así que el desarrollo de este instrumento establece una base sólida para que México aproveche su alto potencial para producir hidrógeno “verde”, más otros compuestos igualmente amigables ambientalmente hablando, y con ello contribuir a la descarbonización de sectores energéticamente intensivos.
Enhorabuena a la Asociación y a toda la industria participante por estos avances. Nosotros, por lo pronto, estaremos atentos a su desarrollo.
Migración de legados se va a penales
Se acabó el Mundial 2026 y la lupa regresa al gobierno y, al parecer, a algunos los agarraron fuera de lugar. Pero no, no nos referimos a algún delantero, sino que, aunque se anunció justo el día en que México goleaba a Corea del Sur, el efecto de obligar a los contratos eléctricos legados a migrar a la Ley del Sector Eléctrico puede tener consecuencias que se verán en unos meses y, por eso, hay quien ya piensa en mandar la decisión a tiempos extras.
Y es que más allá de los generadores, que ya veían venir la tarjeta amarilla, son los usuarios de contratos legados los que podrían ver la migración obligatoria como un penal en el último minuto. El impacto de la migración sería un incremento en los costos de la energía para muchos fabricantes y prestadores de servicios básicos. O sea, inflación.
A ver cómo se pone la cosa, si la vuelven a pensar. No sea que también este partido lo termine perdiendo el país, no solo uno de los jugadores.
Gasolineros y la modalidad “voluntariamente a fuerzas”
Como usted se habrá dado cuenta, el gobierno federal está manejando el asunto de los precios tope de los combustibles bajo la modalidad de “voluntariamente a fuerzas”.
Y es que la relación de las autoridades con los empresarios gasolineros para mantener el precio de venta al público del diésel en no más de los 27 pesos por litro ha caído en lo que podríamos resumir como: “O te sumas porque quieres, o te balconeo para que nadie te compre”.
En un plazo aproximado de un mes, distintas dependencias y organismos federales, encabezados por las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público –dirigidas respectivamente por Luz Elena González Escobar y Édgar Amador Zamora–, han emitido ya tres comunicados conjuntos mediante los cuales “invitan” a los gasolineros a sumarse a este esfuerzo para evitar crisis inflacionarias, pero acompañados con una lista de los establecimientos que aún no lo han hecho, además aclarando que estos listados tienen como único fin que la población decida, pues, si les compra o no.
El último comunicado, emitido la semana pasada, remite a un mapa interactivo en el que de plano se marca en tiempo real el lugar exacto en el que se encuentra cada una de las gasolinerías a las que no les ha nacido la voluntad de sumarse.
Cuando se lanzó la primera versión de esta política a principios del 2025, dirigida a contener el precio de la gasolina regular tipo Magna en no más de 24 pesos por litro, las autoridades prometieron que era un “acuerdo voluntario”. Este pacto se ha refrendado en dos ocasiones más, mientras que en este 2026 inició el mismo mecanismo pero enfocado al precio del diésel.
La mayoría de los gasolineros del país se ha adherido al pacto, pero el gremio también ha advertido que el precio tope no considera del todo los costos inherentes al negocio, además de otras externalidades de las cuales aquí mismo le hemos expuesto, incluidas las presiones de los grupos de malosos que andan por ahí.
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