¿Busca la 4T monopolizar las renovables?

Justo en la misma semana en que el reporte “Climatescope 2020”, elaborado y presentado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF), coloca a México en el lugar 51 luego de una estrepitosa caída en los últimos dos años desde el puesto número 8 en el ranking de los países más atractivos para la Transición Energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que para el periodo 2021-2024 invertirá 12,180 millones de pesos para desarrollar proyectos de generación eléctrica para agregar al sistema 500 megawatts (MW) de capacidad a partir de fuentes renovables.

El dato aparece en el Plan de Negocios de la CFE –anunciado la semana pasada y aún no disponible–, un documento que según la propia empresa eléctrica reconoce la responsabilidad de México de cumplir con los tratados ambientales internacionales y con los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética.

Asimismo, el anuncio de la CFE a cargo de Manuel Bartlett Díaz señala que esta acción va de la mano con el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PEASE), especialmente porque plantea la instalación de un número no especificado de “electrolineras” en sitios “estratégicos” para contribuir a la reducción del uso de los combustibles fósiles.

Esta noticia llamó la atención de quienes analizan y estudian el sector energético porque, al fin, la CFE y en general el gobierno federal aparentemente dan un giro a la política pública en materia de energía renovable, luego de dos años de constante acoso hacia la también llamada “energía verde”.

Sin embargo, no hay que olvidar que el discurso oficial, liderado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y replicado en reiteradas ocasiones por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y Bartlett Díaz, va hacia la descalificación de las empresas privadas que participan en la generación limpia, sus proyectos y la forma “desordenada” en que se les otorgaron los permisos de generación durante la administración federal anterior.

A pesar de que en el discurso la postura del gobierno lopezobradorista pudiera parecer un tanto ambigua o escasamente definida con respecto al tema de las renovables, lo cierto es que en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2020-2024 este tipo de generación tiene un lugar relevante, especialmente la hidroeléctrica, sin excluir a las demás tecnologías.

A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual las renovables tienen tan sólo algunas menciones y se refieren más a la electrificación de comunidades aisladas del Sistema Eléctrico Nacional, el PROSENER enfatiza su uso tanto para continuar con la Transición Energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como para el bienestar de la población. (V. 6.4.- “Relevancia del Objetivo Prioritario 4: Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional”).

Muy lejos de inhibir su desarrollo, el documento plantea una Transición Energética durante todo el siglo XXI.

Entonces, ¿dónde está el conflicto con este tema? Quizá la clave esté en el apartado “Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías en el territorio nacional”, del numeral 5.- “Análisis del estado actual”:

“…se necesita una participación importante de las EPE en la transición energética, para garantizar el acceso universal a las energías”, entendiendo como EPE las empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos (Pemex) y, en este caso, la CFE.

Y el segundo Objetivo Prioritario del PROSENER establece: “Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”, éste último en el segmento de la proveeduría y fabricación de componentes.

Lo anterior, por supuesto, bajo la premisa de que la presente administración está “rescatando” a las empresas públicas de un presunto daño no definido durante los gobiernos anteriores y regresándolas al lugar preponderante (en términos simples, monopólico) que tuvieron en el pasado.

¿Qué significa esto? Todo apunta a que el problema no son las energías renovables, sino quién las desarrolla.

Durante una gira por la Central Geotérmica de Los Azufres, en Michoacán, el presidente López Obrador dijo que para finales de su sexenio 56% de la generación eléctrica del país deberá ser para la CFE, pero acotó que ese monto podría llegar hasta 60% o 70%.

Esto, afirmó en diciembre de 2019, “si ellos no invierten”, refiriéndose a los empresarios.

Pero para que no inviertan, son las propias dependencias de gobierno del sector quienes se han encargado de ello. Un ejemplo es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador y con facultades para otorgar, revocar y autorizar modificaciones a los permisos concedidos, que ha implementado obstáculos a nuevos proyectos privados, privilegiando los permisos para la CFE (Nava, D. “La CRE termina con la sequía en permisos eléctricos, pero favorece a la CFE”, Expansión, 10 de noviembre de 2020).

Como se sabe, esto no es un caso aislado. La actual administración ha hecho lo mismo en el sector del expendio y venta al público de combustibles automotor en las estaciones de servicio. A pesar de que el PROSENER asienta que se busca incrementar el número de estaciones de servicio para garantizar el abasto de gasolinas a la población, la realidad muestra que en 2020 la CRE ha detenido los permisos para la apertura de nuevas gasolinerías (Nava, D. “La CRE ahora también paraliza permisos para la apertura de nuevas gasolineras”, Expansión, 21 de octubre de 2020).

En cuanto a los recursos para el desarrollo de los proyectos renovables durante la llamada Cuarta Transformación, dado que la inversión privada no es bien vista, este asunto también ha sido un misterio.

Pero el “Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de Transición Energética”, publicado el 7 de febrero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), da una pista.

En el punto 6.1 “Líneas de Acción de la Estrategia” del apartado “Políticas y Líneas de Acción hacia la Transición Energética”, el documento define cinco categorías para lograr dicha estrategia, entre las cuales se encuentra la de “mercados y financiamiento”.

En ella se lee: “El principal costo de la energía renovable y de la eficiencia energética es el de la inversión, por lo que es necesario el financiamiento soberano para aprovecharlas, y éste debe tener condiciones para poder fluir de manera suficiente, a los menores costos de transacción y de acuerdo con las oportunidades que el cambio regulatorio y tecnológico permitan”.

De aquí destaca el término “financiamiento soberano”, entendiéndolo como la deuda que adquiriría el gobierno de México bajo las distintas modalidades para financiar proyectos de infraestructura, como la FIBRA E, bonos de deuda o créditos bancarios individuales o sindicados, entre otros.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, el gobierno federal está contemplando una deuda para el gasto no programable total de 541,094 millones 614,451 pesos, 0.4% por debajo del monto aprobado para el ejercicio 2020.

De igual forma, la CFE tendrá recursos para gasto no programable de 29,799 millones 665,968 pesos, un decremento de 6.7% con respecto del asignado para el presente año.

Los únicos proyectos con inversión bajo el esquema público-privado que oficialmente la CFE tiene en mira son seis plantas de generación eléctrica, con necesidad de capital conjunto por 59,077 millones de dólares (alrededor de 1 billón 181,540 millones de pesos) incluidos en el segundo paquete de proyectos de infraestructura del gobierno federal con empresarios, pero todos son ciclos combinados, ninguno es para energía renovable.

A partir de todo lo anterior, se puede deducir que el gobierno de México no intentaría inhibir el desarrollo de las energías renovables, ni pretendería –al menos en papel– desconocer los compromisos, metas y políticas en materia de Transición Energética, reducción de emisiones contaminantes y contribuciones para mitigar el cambio climático.

Tampoco pretendería preponderar la energía “sucia”, a partir de fuentes fósiles, por sobre la renovable.

El asunto, al parecer, es que la Cuarta Transformación va por desarrollar proyectos en este segmento por cuenta del Estado, con fuentes de financiamiento externos en la forma de deuda, pero no con cargo a la CFE, dejando a un lado el capital privado que desde 2012 ha incrementado la capacidad instalada hasta llegar a los 6.5 gigawatts (GW), en el caso de la eólica, y 5.5 GW en solar fotovoltaica, todos ellos sin comprometer las finanzas públicas.