La etapa compleja de Pemex

Editorial

A lo largo de estos quince meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y aun antes, desde que se conocieron los resultados del 1º de julio del 2018, se vaticinaba una etapa compleja para la empresa productiva del Estado. Compleja porque, a contracorriente de las prácticas de la industria, el nuevo gobierno se ha esforzado en decir que Pemex está al rescate de la soberanía (como lo reza su slogan que porta orgulloso el director general, Octavio Romero Oropeza, en su camisola con el logo de Pemex y que aparece en toda presentación que hace la actual empresa) y, además, se tiene la visión irreal de que todo lo hará esta compañía; es decir, que se convertirá, como lo fue en el pasado, en la caja grande del gobierno.

Se apostó a rescatar el Sistema Nacional de Refinación (SNR) conformado por las seis refinerías de Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca, Tula, Madero y Cadereyta, así como construir una más, la de Dos Bocas, con recursos del Estado que ha causado revuelo porque esa decisión, a los ojos de los analistas de la industria y de las calificadoras, ha deteriorado aún más la endeble calificación crediticia de Pemex.

También se apostó por cancelar las rondas petroleras y las asociaciones con riesgo compartido (los farmouts), lo cual ha limitado la participación de la inversión privada. Por si ello fuera poco, también se tomó la decisión de dejar crecer los pasivos por pagar a contratistas que ya totalizan más de 100 mil millones de pesos con los consecuentes costos financieros de esa decisión. Todo ello se aderezó con una reducción sustantiva de los cuadros técnicos especializados y, a cambio, se han contratado profesionistas y no profesionistas para hacerse cargo de áreas de alta responsabilidad. 

En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador dejó en claro que el tema del rescate del SNR está a cargo directo, no del director de Pemex, sino de la secretaria de Energía, así como la coordinación de la construcción de la nueva refinería, en tanto que a Romero Oropeza solo se le responsabiliza del incremento de la producción de hidrocarburos.

Ha habido fricciones y tensiones entre la responsable gubernamental del sector energético y el director general de la empresa petrolera, amigo del presidente y además hombre de sus confianzas, forjado en otros frentes desde su tierra natal, Tabasco, hace ya varias décadas.

Los campos petroleros

Desde el año pasado se han anunciado planes para desarrollar 20 campos por año, argumentado que en el pasado no se proponía el desarrollo de muchos de los descubrimientos. A la fecha, de los 20 campos anunciados, solo se inició el desarrollo de algunos pocos y los 80 mil barriles diarios de producción nueva que se prometieron hace un año (marzo del 2019) para ser producidos en diciembre del 2019, únicamente se lograron sumar de 5 a 6 mil barriles.

Aún falta por anunciar los 20 nuevos campos que iniciarán su desarrollo este año, producto de los descubrimientos del año pasado; sin embargo, parece que las noticias no son como se planearon porque solo se han anunciado dos o tres descubrimientos en el 2019 y se requiere todavía que estos descubrimientos sean certificados por los terceros independientes que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establece en su regulación para poder contabilizar sus reservas de hidrocarburos.

Esperemos que este 18 de marzo, en el aniversario 82 de la Expropiación Petrolera, ya puedan ser anunciados los volúmenes de reserva, certificados por un tercero independiente y avalados por el órgano autónomo que la empresa productiva del Estado descubrió el año pasado. 

Asimismo, se ha mencionado la insistencia de Pemex para ser el operador del campo Zama, descubierto por la petrolera Talos Energy en un bloque adyacente a una asignación petrolera de exploración de Pemex. Si bien este es un yacimiento transfronterizo, en el sentido de que abarca una parte del área contractual que opera Talos Energy y otra en la asignación de Pemex, la empresa estatal no ha mostrado interés en delimitarlo, ya que esa actividad no agrega reservas, sino solo las reclasifica, y seguramente en su portafolio de oportunidades exploratorias tiene otros prospectos más atractivos en tamaño y riesgo geológico que lo que ofrece la delimitación del campo Zama.

Si la Secretaría de Energía concede la operación a Pemex en este campo, seguramente será una decisión que enviará a los inversionistas una muy mala señal de incertidumbre jurídica sobre las actividades de exploración y producción en el país. 

Otro tema de importancia toral es el relativo al programa de inversiones de infraestructura energética que el gobierno ha venido posponiendo desde diciembre a febrero, y para marzo no se ve que vaya a haber algo novedoso y atractivo.

Pemex y la iniciativa privada

En el tema de exploración y producción, lo que se ha filtrado es que habrá un número limitado de campos a operarse bajo el esquema de Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Explotación, conocidos como CSIEE, con los cuales no se comparten riesgos ni beneficios; el riesgo financiero lo asumiría el privado y con la operación se tiene que pagar las regalías al Estado (las del privado y las de Pemex). Si queda algo, entonces la utilidad es para Pemex y, al final, si sobra, se asigna la del privado. 

Las economías abiertas como la de México deberían privilegiar la participación del sector privado junto con la empresa estatal en bloques del Estado, bloques de privados y bloques con asociaciones de ambos. En este tema, hay 108 contratos firmados por el Estado, representado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y los operadores privados y Pemex. 

La empresa petrolera estatal tiene adicionalmente 289 asignaciones de las que obtiene actualmente su producción y que opera bajo el régimen de asignaciones petroleras, más algunas otras que opera mediante contratos de servicios con privados (que en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón se formalizaron como Contratos Integrales de Exploración y Producción, o CIEP, y como Contratos de Obra Pública Financiada, o COPF).

Durante la administración del ex presidente Enrique Peña se formalizaron tres farmouts: uno de exploración con la australiana BHP BIlliton en el bloque Trión de aguas profundas, donde correspondió a Pemex un 40% de participación por 60% de la australiana, y dos más de explotación, el primero del campo Ogarrio con la alemana Deutsche Erdoel AG, en una sociedad de 50%-50% con Pemex Exploración y Producción (PEP), y el otro en los campos Cárdenas-Mora, igualmente con 50% de participación para la egipcia Cheiron y el otro 50% para PEP.

Como parte del proceso de formalización de estos contratos de asociación, se firmó asimismo un Acuerdo de Operación Conjunta (Joint Operating Agreement, o JOA) entre Pemex y sus socios, en donde se establecen claramente las responsabilidades de inversión de las partes y las penalizaciones en caso de incumplimiento de alguna de ellas. 

Pues bien, la mal llamada austeridad republicana, o pobreza franciscana, se ha dejado sentir en estas asociaciones, ya que durante el 2019 Pemex ha dejado de cumplir sus obligaciones de inversión, conocidas en los JOA como cash calls, y ello le ha representado en algunos casos perder sus asientos en los consejos de la asociación y en los comités técnicos, es decir, se ha quedado sin voz ni voto para la toma de decisiones. Se corre el alto riesgo de que Pemex tenga que empezar a diluir su participación.

Esto sin duda no sería bien visto, ya que parecería que desde el gobierno se está dejando que Pemex se diluya (al no pagar sus cash calls) con el consecuente efecto en la calificación crediticia, amén de la reducción en reservas y activos en los campos donde Pemex tiene participación. 

Por si ello no fuera suficiente, el impago a contratistas por parte de Pemex también está impactando a los operadores privados que, aunque operan sus propios campos, licitados y otorgados durante los procesos licitatorios de la CNH, particularmente los de la ronda 1.3, ya están sintiendo los efectos  de los retrasos en los pagos de Pemex a sus contratistas.

El operador tiene que pagar sus regalías al Fondo Mexicano del Petróleo y, en aquellos campos donde la comercialización se hace a través de Pemex por la infraestructura que la empresa estatal tiene para el transporte y distribución, debe pagar además la regalía de Pemex y la suya propia, lo que ha originado que el capital de trabajo de los operadores privados se haya ido drenando porque los compromisos con el Fondo Mexicano del Petróleo se tienen que cumplir religiosamente de manera mensual, en tanto que los compromisos de pago por parte de Pemex al privado se han venido posponiendo. 

Esta situación ha llevado a algunos de los operadores privados a solicitar a la CNH la suspensión temporal de sus actividades productivas invocando la cláusula de fuerza mayor, ya que Pemex no les paga sus gastos correspondientes y ellos han venido consumiendo su capital de trabajo revolvente que se ve disminuido al suspender Pemex sus pagos.

Se sabe que los operadores privados llevaron esta situación a la CNH y ellos, a su vez, lo remitieron a la Sener, lo que podría ocasionar un efecto no deseado consistente en que los privados se verían en la necesidad de suspender sus actividades y, en consecuencia, la Secretaría de Energía podría tener la tentación de revocarles el contrato. Si la dependencia federal lo hace, nuevamente el gobierno mandaría una muy mala y peligrosa señal a los mercados por la falta de certidumbre jurídica y financiera de parte de los organismos del Estado (Sener, CNH y Pemex).    

Las finanzas y el capital humano

A todo lo anterior, que ya dibuja una imagen en blanco y negro, con más obscuros que claros en la empresa productiva del Estado, se le añade el tema de los resultados financieros del 2019, comunicados a la Bolsa Mexicana de Valores a fines de febrero del 2020.

Los resultados operativos denotan pérdidas en la empresa por 346 mil millones de pesos (sin incluir pasivo laboral), es decir, pérdidas cercanas a los mil millones de pesos diarios (346,000/365 = 948 millones de pesos diarios), todo ello considerando que se le inyectaron 5 billones de dólares (casi cien mil millones de pesos), más el respaldo que le proporcionó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al inicio del 2019 para fortalecerla. Con toda esa inyección de recursos, Pemex perdió dinero.

Más drástica sería la pérdida si se contabilizan los ahorros por casi 70 mil millones de pesos que el presidente declaró en enero del 2019, producto del combate frontal al huachicol y los casi 500 mil millones de pesos que se ahorrarían por el abatimiento de la corrupción.

Mientras la titular de la Sener, Norma Rocío Nahle, y Octavio Romero sigan confrontados para definir quién manda en Pemex y vayan poniendo a sus alfiles en los puestos clave de la empresa, no se estará atendiendo el problema de Pemex que es de eficiencia, por lo cual se vuelve relevante la preparación y capacidad de sus cuadros directivos.

En la empresa, los técnicos que hacen carrera les toma de 15 a 20 años acceder a posiciones gerenciales. Actualmente, los que ocupan esos puestos, los de Subdirección y Dirección en muchos casos son personas con poco curriculum profesional para esas responsabilidades, algunos de ellos sin mayor virtud que su cercanía al presidente de la República.

En estos momentos, tanto Pemex Exploración y Producción como Pemex Transformación Industrial carecen de un director general. Ambos puestos requieren de un técnico de carrera que se enfoque en su responsabilidad. Ojalá se le vaya dando solución pronto a éste y a los demás problemas que enfrenta Pemex.