Ulises Juárez / Energía a Debate
La iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende eliminar las políticas de dumping que favorecen a las empresas privadas sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional.
Dicha práctica ha significado pérdidas para la empresa pública por 249,606 millones de pesos tan solo en subsidios a privados en tarifas de porteo en la modalidad de autoabastecimiento, denunció durante su participación en el Parlamento abierto a distancia “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, organizado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
“Con esta competencia desleal, es una situación de dumping claramente que habría que ver si no se puede tratar en el T-MEC (…), hace que estos autoabastos puedan ofrecer le electricidad entre 8% y 10% más barata a estos grandes consumidores”, dijo.
Detalló que en tarifas de porteo, el subsidio a privados ha significado 28,765 millones de pesos (mdp), mientras que CFE Intermediación de Contratos Legados (CFE ICL) ha subsidiado a los autoabastecedores con 20,841 mdp y los ingresos no percibidos por Suministro Básico ascienden a los 200,000 mdp.
Adicionalmente, la utilidad no percibida por este último concepto en el mismo periodo llegó a los 50,000 mdp, agregó.
“Si eso no se llama competencia desleal, no se llama dumping, yo quisiera que me dijeran cómo se llama”, cuestionó.
En su exposición, Reyes Hernández también refirió que, con la ley actual, la CFE se ve obligada a proveer unos 13,000 megawatts (MW) de capacidad a partir de sus plantas convencionales ante la intermitencia de las energías renovables, capacidad que paga la Comisión a cargo de Manuel Bartlett Díaz.
En el mismo tenor, sobre el tema de los Certificados de Energía Limpia (CEL), el directivo lamentó que la empresa “pierde por todos lados”, ya que dijo que no se le reconoce su energía como “limpia” y, por el contrario, se le exige cumplir con este requisito mediante la compra a privados.
De igual forma, los CEL se convierte en una obligación de la CFE para anclar las inversiones privadas, a pesar de que la empresa genera su propia energía limpia.
Más adelante, Reyes Hernández denunció de la misma forma que los contratos que tiene la CFE con los productores independientes de energía (PIE) han representado para la Nación un daño patrimonial por 412,410 mdp, según cifras de cálculo en septiembre de 2020.
Apuntó que de este monto, el subsidio a los PIE representará 48% del total del subsidio, es decir, unos 209,130 mdp para el periodo 2020-2024.
Ante los legisladores de los distintos partidos politicos presentes en el Parlamento abierto, el funcionario enlistó los beneficios de la iniciativa presidencial, entre los cuales se encuentran la eliminación de condiciones asimétricas de competencia al desaparecer la prohibición de comercio “intra firma” y los contratos bilaterales para CFE con la ejecución de contratos de entrega física.
También la modificación en los criterios de despacho que reflejen costos reales de generación y que eviten la simulación –como los costos bajos de renovables– y especulación.
Además, la eliminación de subsidios y políticas de dumping que favorecen a los competidores privados por sobre la CFE.
Incluye el trato equitativo para la emisión de CEL entre CFE y particulares, así como la revisión de contratos no rentables para la Nación y el erario público, en el caso de los PIE.
Por último, elimina la simulación y fraude a la ley amparados bajo el régimen de autobasto.
Posicionamientos
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Beatriz Juárez Piña, previó que de ser aprobada la iniciativa de López Obrador promoverá litigios internacionales “con consecuencias económicas impredecibles” y enfatizó las cláusulas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de protección a las inversiones.
Por su parte, Fabiola Loya Hernández, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, calificó a la iniciativa como un retroceso histórico en la construcción de un México más competitivo y cancela toda posibilidad de llevar energía más abarata y limpia a los usuarios residenciales y las industrias.
En su oportunidad, el diputado por el Partido de la Revolución Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, quien funge también como secretario de la Comisión de Energía a cargo de Manuel Rodríguez González, aseguró que la propuesta de reformas tiene elementos contrarios al sentido en el que avanza el mundo.
Cuestionó poner las plantas de ciclo combinado privadas al final del despacho eléctrico, como lo plantea la iniciativa, cuando son las que utilizan el gas natural de la región más barata del mundo.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), defendió la libre concurrencia y el libre mercado que a su juicio la propuesta de ley atenta contra ellos y se pronunció a favor de la salud, el medio ambiente y por tarifas más bajas.
“El pasado no es un lugar de residencia, es un lugar de referencia”, sentenció al considerar que la iniciativa es retrógrada.
A nombre de los miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su coordinador parlamentario Arturo Escobar y Vega estimó que la parte de la LIE que pone a las energías renovables por sobre la generación con energías fósiles no debería modificarse.
“Es inadmisible pensar que la CFE debería competir con las energías limpias cuando su electricidad provenga de las energías fósiles”, manifestó.
Por el contrario, los legisladores que expresaron su apoyo para la aprobación de la iniciativa de reformas del presidente fueron Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y perteneciente al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con los tiempos parlamentarios, la iniciativa de reformas a la LIE deberá ser discutida, votada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, para su envío al Senado de la República en su calidad de cámara revisora.