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La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), la Barra Mexicana y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un Amicus Curiae para que declare inconstitucional el acuerdo presidencial que considera de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del Gobierno y que permite su realización facilitando los permisos, sin cumplir el régimen en materia de autorizaciones, contrataciones y licitaciones públicas.
Las asociaciones advierten que este decreto incurre en violaciones legales y de principios establecidos en la Constitución, por lo que debe ser declarado inconstitucional.
Con el llamado “decretazo”, señalan las cuatro organizaciones en un comunicado conjunto, el Ejecutivo federal puede obviar los principales dictámenes, permisos y licencias federales necesarios para ejecutar y desarrollar las obras y proyectos considerados como “prioritarios”, entre ellos el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Interurbano México-Toluca y la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con los representantes de las organizaciones, este tipo de acciones “conllevaría la construcción y operación de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, infraestructura asociada a los sectores de hidrocarburos o energía eléctrica únicamente con una autorización provisional, lo cual pondría en entredicho bienes jurídicos de la mayor relevancia individual y colectiva”.
“Además, evidencia que la vigencia de 12 meses de la autorización objeto del Acuerdo y la correlativa obligación de tramitar los dictámenes, permisos y licencias en ese plazo a fin de obtener la autorización definitiva, no resuelven las problemáticas identificadas, pues durante esa temporalidad se ejecutarán –incluso irreparablemente– obras y proyectos sin las validaciones necesarias para asegurar su correcto desarrollo”, expusieron los promoventes.
Para la Barra de Mexicana, el INCAM, la Anade y la Coparmex no existe ningún motivo que justifique exentar la obtención de dictámenes, permisos y licencias a ningún tipo de obra o proyectos –así sea de manera provisional–, puesto que ello implica eliminar mecanismos diseñados para la protección de determinados bienes jurídicos.
“Por ello, el Acuerdo viola el principio de legalidad y también el principio de seguridad jurídica, toda vez que no delimita de manera clara y concisa cómo operaría esa exención”, advierten.
De acuerdo con el Amicus Curiae, el “decretazo” presentado en noviembre de 2021 por el Ejecutivo Federal y que cuenta ya con una suspensión definitiva en materia de acceso a la información otorgada por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, viola también principios del federalismo y de supremacía constitucional, al tiempo que representa una violación en varios aspecto a los principios de división de poderes, legalidad y jerarquía.
En este sentido, destacaron que el Ejecutivo federal no tiene facultades para restringir derechos fundamentales ni para establecer exenciones a los trámites de diversas autorizaciones y dictámenes cuando estas últimas estén determinadas en las leyes.
