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La Secretaría de Gobernación publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que le da pase libre a todas las obras que sean consideradas prioritarias por el gobierno federal, de forma provisional, sin presentar ningún documento de por medio.
“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, señala el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El acuerdo declara como “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” y obliga a las dependencias a dar una “autorización provisional” en máximo cinco días hábiles contados a partir de que se presenten las solicitudes correspondientes e incluso incluye la afirmativa ficta en caso de no recibir respuesta directa.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, detalla el acuerdo.
Los proyectos considerados en este acuerdo abarcan infraestructura en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles y en todas sus modalidades y sectores como el energético, los puertos, aeropuertos y “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El documento precisa que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, y “las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente acuerdo, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes”.
El documento detalla que la Constitución establece que el Estado tiene la facultad de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la Nación.
Añade que el país requiere infraestructura para fomentar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente, así como que se requiere impulsar y consolidar los proyectos del actual gobierno a fin de lograr el bienestar social y el crecimiento económico de la nación.
