Energía A Debate

El anteproyecto de Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales en los trámites ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de ser emitido formalmente, podría ocasionar incumplimientos de obligaciones de los permisionarios al no poder realizar solicitudes dentro de los tiempos que marca la Ley, advirtió la firma jurídica Cortés Quesada, Abogados.

“Al restringir el número de solicitudes que la CRE recibirá mensualmente, la capacidad de los permisionarios existentes y nuevos participantes en realizar solicitudes de manera adecuada estará severamente obstaculizada (ya sea para nuevos permisos, o las modificaciones y actualizaciones respectivas) lo cual puede implicar riesgos importantes en sus operaciones (incluyendo incumplimientos de obligaciones de permisionarios al no poder realizar solicitudes dentro de los tiempos que marca la regulación aplicable)”, expuso el despacho.

El martes de esta semana, la CRE ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de “Acuerdo por el que se reanudan los plazos y términos legales de manera ordenada y escalonada, que modifica el diverso A/001/2021 mediante el cual se establece la suspensión de plazos y términos legales, como medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus Covid-19”.

En el documento, el organismo regulador del sector energético estipula que a partir del primer día de marzo próximo comenzarán a atenderse todos los trámites y permisos que quedaron pendientes por la suspensión causada por la pandemia del coronavirus, así como a recibir nuevos trámites.

Sin embargo, la CRE marca condiciones. La primera de ellas es que todos los trámites y solicitudes antes del 1 de marzo serán atendidos con base en una “prelación”, es decir, con preferencia en función de los principios de interés público y orden cronológico, con trato no discriminatorio y “conforme a lo humanamente posible”, según dice el texto.

La segunda es que los trámites y solicitudes que se reciban después de la fecha de entrada en vigor el Acuerdo, se resolverán conforme al número de folio que les asigne la Oficialía de Partes Electrónica de la CRE.

Pero la Comisión aclara que los regulados podrán hacer solamente una solicitud de trámite por mes, toda vez que el organismo estará en condiciones de recibir solo 50 solicitudes mensualmente en materia de hidrocarburos, mientras que en electricidad el número baja a 15, en tanto que el número de solicitudes de pre-registro de la Oficialía llegará a 120 en el plazo.

Igualmente, la CRE entenderá como realizadas todas las solicitudes recibidas el primero de marzo, en el caso de haber sido presentadas previamente.

Cabe recordar que la Comisión suspendió en 2020 los plazos y términos legales que por ley debe atender, esto como respuesta a la declaratoria de contingencia por el brote y propagación del virus del COVID-19, de manera que ha acumulado un rezago de asuntos por resolver correspondientes a casi todo ese año, junto con 2021 y 2022, más los tres meses de 2023.

“En resumen, la CRE no solamente no estaría reanudando de manera ordinaria su actividad administrativa, sino que estaría limitando materialmente tanto el desahogo de resoluciones como la presentación de solicitudes”, aseguró Cortés Quesada.

Por lo anterior, el despacho recomendó ante la inminente publicación del Acuerdo de la CRE, ponderar las acciones operativas, como por ejemplo las solicitudes regulatorias que se tendrán que hacer en el corto plazo, y considerar la posibilidad de presentar recursos legales.

Lo anterior, “dado que el Anteproyecto parece trastocar u obstaculizar protecciones constitucionales, como el derecho de petición que pudieran ser combatidas en los tribunales judiciales correspondientes”, apuntó.

La firma de abogados también recordó que la CRE solicitó a la Conamer la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) del anteproyecto de Acuerdo, de manera que se espera que sea publicado en el DOF en breve para que entre en vigor a partir del primero de marzo.