Ahora va la CRE por expendedores de petrolíferos; aumenta los requisitos para permisos

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió el viernes de la semana pasada a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un proyecto de Acuerdo por el cual amplía el número de requisitos, esta vez, para quienes pretenden realizar las actividades de venta al público de petrolíferos.

Dicho documento, publicado hoy en el portal oficial de la Conamer, lleva como título: “Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes de permiso, modificaciones, actualizaciones y obligaciones de la actividad de expendio de petrolíferos”.

“La verdad es que sí hacen aún más complejo (la obtención de permisos), aumentan el nivel de documentos de burocracia y obviamente el nivel para fallar como solicitante”, consideró Santiago Arroyo, consultor especializado en el segmento de refinados.

La Conamer publicó el documento solo unos días después de que hiciera lo mismo con otro Acuerdo de la CRE dirigido a aumentar los requisitos para los privados que soliciten obtener, modificar o actualizar un permiso para comercializar o distribuir petrolíferos y petroquímicos por medios distintos a ducto, con excepción del gas licuado de petróleo (gas LP).

En conversación con Energía a Debate, el también CEO de la firma de consultoría Ursus Energy Consulting, se mostró balanceado en su opinión con respecto al documento enviado por la CRE al organismo para la mejora regulatoria.

“Del lado del gobierno, estamos en el contexto de que son funcionarios que no conocen el sector y están en una curva de aprendizaje”, dijo el especialista y agregó que a esta administración en particular “le gusta burocratizar todo” con la finalidad de tener mayores certezas de que los permisos que se van a otorgar van funcionar debidamente.

También subrayó que la intención es lograr una regulación que favorezca a la empresa estatal Petróleos Mexicanos por sobre los demás participantes en el mercado, en este caso, de las estaciones de servicio y otros establecimientos para venta al púbico de productos refinados, como gasolinas, diesel y otros carburantes.

“La falla oficialista es que hay una consigna por una política pública que está destinada a hacer una captura regulatoria en favor de Petróleos Mexicanos, esa es una realidad”, añadió.

Del lado empresarial, Arroyo afirmó que son justificables sus llamados por una regulación más simplificada y menos costosa, aunque apuntó que también existen irregularidades promovidas por este sector.

“Una regulación tan abierta como estaba antes creó una serie de vicios muy importantes que ahorita están pasando factura a los regulados. También había un espíritu en aquella CRE de llevar todo más rápido, más fluido, que existiera mejora regulatoria, pero le metían mucha buena fe a un sector que tradicionalmente también es muy especial en sus procesos”, refirió.

En este punto, reconoció que desde décadas atrás han existido malas prácticas de ambos lados, del oficial y del privado.

“Las malas prácticas en el sector privado (empresas y consultores) provocan un área de oportunidad para una regulación hostil que tienen a la iniciativa privada contra las cuerdas”, declaró Arroyo.

Calculó que de cada cinco permisos que la CRE otorga en una cesión la CRE, uno es obtenido a través de un mecanismo de corrupción y los otros son empresas que sí se esmeran en sus procesos.

Por lo anterior, Santiago Arroyo estima que, al menos en lo que resta de la actual administración, los problemas con el otorgamiento de permisos en este sector continuarán.

“Va a ser un tema de corresponsabilidad muy complicado. Y va a continuar sucediendo hasta que esta administración cambie, o cambie los criterios o, de plano, que un permisionario que haga bien las cosas les ponga un susto a los de la CRE y terminen haciendo bien las cosas”, concluyó.

Algunas exigencias

El proyecto de Acuerdo remitido por la CRE a la Conamer incluye, entre otros, los manuales de identidad gráfica o corporativa de la marca y diseños de marca, así como un estudio de mercado.

De esto último destaca que el solicitante del permiso deberá presentar una proyección de la demanda a atender, al menos en los próximos cinco años, además de una “estrategia comercial” que incluya clientes potenciales, suministradores y logística de suministro, entre otros varios requisitos.