Con 353 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado.
Con ello, las modificaciones al texto de la Carta magna alcanzaron mayoría calificada, de acuerdo con la Ley.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, diputada Dolores Padierna, recordó que en la sesión de este miércoles, que ha tenido una duración de más de ocho horas al cierre de esta nota, se reservaron prácticamente todas las modificaciones a los artículos constitucionales, por lo que a partir de la votación comenzó la discusión de cada una de las reservas,
La reforma incluida en el dictamen clasifica a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en “empresas públicas del Estado” para dejar de ser “Empresas Productivas del Estado”.
Asimismo, se refrenda que la explotación del litio será una actividad exclusiva del Estado y, además, el internet también será una actividad estratégica, por lo que no serán ambos considerados como monopolios del Estado.
En materia de electricidad, el Estado mexicanos conservará 54 por ciento del despacho eléctrico, mientras que el restante 46 por ciento queda para los privados.
La diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía en San Lázaro, aseguró que con esta reforma no se pretende hacer a un lado a las inversiones privadas.
Expuso que nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado, en relación con la política energética llevada durante el sexenio anterior.
La legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que simplemente se está cambiando el despacho, pues antes primero se les daba la opción de sacar las energías limpias y después a la CFE, así como en los ciclos combinados.
Su correligionaria Alma Rosa de la Vega Vargas expresó que ss esencial que el interés público prevalezca sobre los particulares, pues consideró que la energía eléctrica no solo es un recurso, sino pilar del desarrollo social y económico.
Por su parte, el diputado César Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el cambio constitucional refuerza el control estatal y genera grandes retos por las dificultades económicas y operativas de Pemex y la CFE.
Advirtió que ambas empresas serán dirigidas por el Estado, pero sin autonomía de gestión, ni marco jurídico ni patrimonio propio.
Además, señaló que la reforma elimina el enfoque de rentabilidad y competitividad, compromete la autosuficiencia económica, genera un deterioro en la calidad de servicios, disminuye la inversión, la innovación y la modernización, lo que se traduce en mayores subsidios que aumentarán el gasto público.
Igualmente, la legisladora panista María Angélica Granados Trespalacios indicó que la figura jurídica de empresa pública del Estado “deja en el misterio” cómo operará en los hechos.
Añadió que esta modificación centraliza la conducción de la energía en el Ejecutivo, regresa el monopolio, destruye el mercado de la energía y desincentiva la inversión, la competencia, el desarrollo tecnológico y la transición energética.
“No será un modelo basado en las mejores prácticas y la competencia, sino uno en el que faltarán la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la operatividad de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de CFE”.
El diputado Francisco Javier Farías Bailón, de Movimiento Ciudadano, denunció que la aprobación de esta reforma responde más a intereses ideológicos y dijo que llevará a apagones, con las afectaciones a sectores críticos, como hospitales.
Además, recordó que el Poder Judicial ya había rechazado estas reformas.
Al terminar la sesión de la exposición de cada una de las reservas por parte de los legisladores que las presentaron, se votará en lo particular.
En caso de ser aprobado, el dictamen será enviado al Senado de la República en su calidad de cámara revisora.