Con 79 votos a favor y 38 en contra, el Senado de la República aprobó las reformas a la Ley Federal de Derechos que regula los derechos que deben pagar los concesionarios de minas, servicios migratorios y las telecomunicaciones, además de otros aspectos relativos a medioambiente; uso y aprovechamiento de aguas nacionales y espacio aéreo.
El dictamen con propuesta de reforma enviado por la Cámara de Diputados modifica los artículos 8, 11, 12, 18 A, 63, 198, 220 A, 270, 275 y los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley.
De acuerdo con la exposición de motivos, se pretende fortalecer la rectoría del Estado sobre sus recursos, promover la transparencia y garantizar que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en desarrollo para toda la población.
El gobierno federal contempla para el 2025 ingresos por 347 mil millones de pesos en derechos, aprovechamientos y productos. Ese monto representa un incremento de 10.4 por ciento con respecto al presente año.
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que eleva de 7.5 a 8.5 por ciento la tasa de cálculo del derecho especial sobre minería, además de establecer que el derecho extraordinario en este mismo renglón aumenta de 0.5 a 1.0 por ciento sobre lo que las empresas mineras obtengan derivados de la enajenación del oro, la plata y el platino.
El incremento en estas tasas, según el dictamen, es asegurar que la actividad minera contribuya al desarrollo de las comunidades
En la discusión de este martes, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera lamentó que actualmente no se avance en una adecuada federalización de la recaudación, sino que se privilegie la centralización.
En particular, al referirse al Fondo Minero, el legislador expuso que los 7 mil millones de pesos que poseía en 2020 para repartirse en las localidades donde se realiza esa actividad, desaparecieron al traerse al centro de la República.
En su turno, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma a la Ley de Derechos “es una muestra del populismo de la 4T” a lo que argumentó que supuestamente no propone nuevos derechos, pero en la práctica incrementa los ya existentes.
Asimismo, coincidió con Beltrones al decir que sigue la misma tónica orientada a la concentración del poder de los recursos porque retoma la implementación de “guardaditos y de la partida secreta”, según refirió.