Pemex se encuentra en el epicentro de la atención pública a raíz de los recientes accidentes ocurridos en sus plantas, así como por las calificaciones crediticias emitidas por Fitch Ratings y Moody’s. Estos acontecimientos han intensificado las interrogantes en torno a la situación financiera de esta Empresa Productiva del Estado (EPE), lo que repercute no solo en su propia trayectoria, sino también en el panorama de las finanzas públicas del país.
Durante la presente administración federal, se ha hecho patente el respaldo financiero y fiscal brindado a Pemex, el gobierno incluso ha realizado aportaciones de capital. Dichas aportaciones de capital en el periodo comprendido entre 2019 y 2022 han alcanzado los 698 mil 044 mdp. En cuanto a los respaldos fiscales, hasta el año 2022 se acumula un total de 155 mil 390 mdp, además de un ahorro para Pemex (y una pérdida para la federación) de 416 mmdp derivado de la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), cuyo porcentaje disminuyó de 65% en 2019 al 40% en 2023. Dicho respaldo, suma un total de 1 billón 269 mil mdp.
A pesar de estos esfuerzos, tanto Fitch Ratings como Moody’s han reducido las notas crediticias de Pemex. Por un lado, Fitch Ratings rebajó la calificación de “BB-” a “B+” con perspectiva negativa debido, entre otras cosas, a la serie de incidentes que han dañado la infraestructura de la EPE. Por otro lado, Moody’s mantuvo en “B1” la calificación de la familia corporativa, pero con un cambio de perspectiva de estable a negativa, y mantuvo una evaluación de riesgo crediticio base en “caa3”. Ambas calificadoras comparten inquietudes sobre la falta de medidas para atenuar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza; además, ambas calificaciones ubican a la deuda de Pemex en la categoría de especulativa (mejor conocida como “bonos basura”).
Moody´s considera que, en el corto plazo, es poco probable que Pemex mejore su calificación, a menos que implemente una estrategia que permita un mejor desempeño financiero y operativo en el medio plazo. Al 30 de junio de 2023, la deuda financiera de Pemex asciende a un total de 110.5 mil millones de dólares (mmdd), es decir el 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2024 y 2025, Pemex enfrentará el pago de sus obligaciones de deuda, equivalente a 10 mil 900 mdd y de 4 mil 900 mdd, respectivamente. Lo que resultará, tanto para Pemex como para la federación, en un gran reto dadas las circunstancias actuales y el limitado espacio fiscal.
“El cumplimiento de pago de las obligaciones de Pemex representa un alto costo de oportunidad”.
A la fecha, el cumplimiento de pago de las obligaciones de Pemex representa un alto costo de oportunidad, ya que impactan de manera negativa en las finanzas públicas del país. Por un lado, las aportaciones de capital y los apoyos fiscales representan una pérdida de ingresos que podrían ser destinados a sectores clave como salud y educación. Por otro lado, existe el riesgo de que las calificaciones negativas de la deuda de Pemex respaldada explícitamente por el gobierno federal podría contagiar eventualmente la percepción del riesgo de la deuda soberana de México. Esto podría reducir las notas crediticias del país con consecuencias amplias en términos de costos de financiamiento para el gobierno federal.
Dado este panorama, en vísperas de la presentación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024 y de los próximos candidatos a la presidencia, será crucial plantear interrogantes acerca de las estrategias de negocio, recuperación y apoyo a Pemex y disminuir el impacto negativo que ya está teniendo en las finanzas públicas del país.
*/ César Augusto Rivera de Jesús es economista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con Especialidad en Economía Ambiental y Ecológica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó como voluntario en “ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad” donde colaboró en las revisiones de los Planes de Acción Climática Municipal. Fue analista de tarifas de suministro eléctrico y precios de combustibles en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y fungió como enlace de control y seguimiento de anteproyectos regulatorios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Cuenta con una publicación en la revista “El semestre de las Especializaciones” de la UNAM sobre la Capitalización de las externalidades causadas por los rellenos sanitarios en el precio de las casas.
Actualmente es investigador en el CIEP en temas de transición energética y medio Ambiente. Interesado y apasionado por los temas relacionados con economía, la transición energética y el medio ambiente.
Email: cesarrivera@ciep.mx
Twitter: @Cisa_Rivera
Las opiniones vertidas en la sección «Plumas al Debate» son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la posición de Energía a Debate, su línea editorial ni la del Consejo Editorial, así como tampoco de Perceptia21 Energía. Energía a Debate es un espacio informativo y de opinión plural sobre los temas relativos al sector energético, abarcando sus distintos subsectores, políticas públicas, regulación, transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de contribuir a la construcción de una ciudadanía informada en asuntos energéticos.