CFE como símbolo de soberanía nacional II

En la primera parte se había comentado que la contrarreforma energética propuesta por el Ejecutivo está motivada, ideológicamente, por la idea de que el sector energético debe “sustentar la soberanía del país”, en palabras de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y, en ese sentido, el objetivo debiera ser lo que ella denomina la “autarquía energética”.

En esta segunda parte se abordan otras confusiones y riesgos contenidos en la contrarreforma que, al tratar de atender lo expresado por representantes del Ejecutivo, coloca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de la política energética y por encima de los intereses de los consumidores, del medio ambiente y del futuro de México.

• La propuesta de transformar la empresa productiva del Estado —CFE—en un monopolio eléctrico bajo la figura de “organismo del Estado”, autónomo aunado a la propuesta de desaparecer a los reguladores técnicos e independientes como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), creada en 1993, pone en riesgo el desempeño eficiente, técnico y por lo tanto confiable del Sistema Eléctrico Nacional. La contrarreforma del Ejecutivo carece de fundamentos técnicos basados en las mejores prácticas internacionales que prioricen una operación independiente para determinar el orden en que cada central eléctrica debe despachar o inyectar su energía a las redes, de modo tal que se promueva el uso de tecnologías y energéticos más limpios, a los menores costos variables, de producción y de oportunidad.
• Por el contrario, la reforma de 2013 buscaba consolidar un mercado de generación eléctrica competitivo, regulado por un árbitro fortalecido e independiente, la CRE, que promoviera el piso parejo a efectos de que todos los participantes —públicos y privados— tuvieran obligaciones y beneficios y, con ello, se maximizara el interés público. La planeación se dejó en manos de la Secretaría de Energía y el balance energético en el Cenace como operador independiente del sistema en el que participarían empresas privadas y públicas, con reglas claras y transparentes para un despacho económico cada vez más eficiente y limpio.
• Por otro lado, el planteamiento de dar el control de las tarifas eléctricas a un monopolio eléctrico es un tema de la mayor relevancia. Antes de la reforma de 2013, las tarifas eléctricas eran determinadas por el Ejecutivo con fines recaudatorios, de manera discrecional y nada transparente. En 2013 se transfirió la obligación a la CRE para que regulara y determinara, con base en metodologías transparentes, las tarifas para cubrir costos eficientes y una rentabilidad razonable para las actividades de transmisión y distribución, los costos eficientes del Cenace y, a todo ello, sumarle la parte tarifaria relacionada con los costos y rentabilidad de la generación y suministro. Sobre el componente de generación, la Secretaría de Hacienda puede definir –y lo hace– si se aplica algún subsidio y a qué tipo de consumidores.
• La propuesta de que sea el monopolio eléctrico, ineficiente por definición económica, quien determine sus propias tarifas representaría un grave conflicto de interés y el riesgo de que CFE le transfiera a los consumidores costos ineficientes, gastos suntuosos, costos por pensiones desproporcionadamente elevadas para el sindicato, obras innecesarias, entre otros. Es evidente que la transferencia de la atribución del cálculo de las tarifas eléctricas de la CRE a la CFE conlleva una elevada probabilidad de que dichas tarifas se eleven de manera desordenada con cargo a todos los consumidores que pagan por la luz que usan, ya sea vía su recibo o vía impuestos.
• La seguridad energética es una condición necesaria para el crecimiento económico. El limitar la competencia dejando toda la política en un solo jugador inhabilita la posibilidad de diversificar y, con ello, aumenta el riesgo de fallas en el suministro.

“La ‘autarquía energética’ a través de una empresa pública todopoderosa es un tema de ego político y no de una política pública”.

Por último, insisto en que son los objetivos planteados por este gobierno los que están mal dirigidos. La “autarquía energética” a través de una empresa pública todopoderosa es un tema de ego político y no de una política pública encaminada a satisfacer las necesidades energéticas de los consumidores mexicanos de una manera asequible y limpia.