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En la décimo tercer mesa del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica hubo muy pocas coincidencias sobre los puntos de vista de los especialistas que debatieron el tema.
En la mesa titulada Constitucionalidad y Legalidad de la Reforma Eléctrica, Georgina Velasco Zanella, coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Oficina del Abogado General de la CFE, dijo que la reforma de 2013 no generó condiciones de competencia para el mercado eléctrico, porque la empresa productiva del Estado, porque tiene que comprar la energía a sus competidores y no puede emitir Certificados de Energía Limpia (CEL).
En este mismo sentido, Eduardo Andrade Sánchez, profesor de Derecho Constitucional, aseguró que los CEL son “certificados de estafa limpia”, porque no son otorgados a las plantas hidroeléctricas de la CFE y coincidió en que el mercado eléctrico no ofrece un piso parejo para la CFE.
En sentido contrario, Carlos Rodríguez Sámano, secretario del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Energía, aseguró que el trabajo conjunto de los privados con la CFE permite al país ahorrar recursos y generar energía más limpia, y recordó que la Comisión controla 69 por ciento de la energía que se genera en el país, al contar a los Productores Independientes de Energía (PIE), que trabajan para la CFE.
La iniciativa de reforma habla de la cancelación de permisos de generación y otorga discrecionalidad a la CFE para tomar decisiones sobre el mercado sin la oportunidad de una defensa legal, considera el representante de la Asociación Mexicana de Energía.
Georgina Velasco Zanella respondió que la propuesta de reforma solo habla de la cancelación de los contratos que resulten violatorios de la ley.
Raul Pérez Johnston, representante del Instituto Mexicano por el Estado de Derecho, aseguró el cambio constitucional propuesto puede generar más daños que beneficios al sector energético, pero nadie se opone a mejorar las condiciones de la CFE para que tenga una mejor situación financiera y sustentabilidad.
“Sin embargo, el hecho de pensar que una reforma constitucional puede justificar la afectación de derecho no es viable”, asegura Pérez Johnston.
Tanto Pérez Johnston como Rodríguez Samano advirtieron que la cancelación unilateral de contratos eléctricos y permisos serán causa de indemnizaciones que pagaremos todos los mexicanos, al tiempo que son violatorios años tratados internacionales.
En contraste, Eduardo Andrade y Georgina Velasco reconocieron que puede haber cancelaciones que ameriten indemnizaciones, pero advirtieron que los contratos que no cumplan con la regulación pueden ser cancelados de forma unilateral, sin consecuencias para el país.
Eduardo Andrade fue más allá y señaló que si los costos de las indemnizaciones son menores que el impacto que, según sus argumentos, sufre la CFE cada año por los subsidios que da al sector privado, es mejor pagar las sanciones.
“El costo que pueda tener la reconversión hacia el sistema bajo el control del Estado está más que justificada”, consideró Andrade Sánchez.
El exlegislador añadió que los tratados internacionales no están por encima de la Constitución, y que también hay cláusulas en los acuerdos que reservan el derecho de México de reformar sus leyes en caso de considerarlo de interés para el bienestar del país.Incluso, dijo que hay cláusulas de salida del T-MEC, y que no es imposible salirse de los acuerdos internacionales, cómo lo hizo Reino Unido con la Unión Europea.
Andrade recordó que CFE pudo electrificar a gran parte del país sin necesidad de la iniciativa privada.
Raul Pérez Johnston cuestionó de dónde va a salir el dinero para indemnizar a los privados e invertir lo que necesita el país en infraestructura eléctrica en esta “República austera”.
La implementación de la Constitución de 1917 generaron 30 años de litigios, recordó Pérez Johnston, situación que se puede repetir con la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica.
Dijo que el modelo que se propone requerirá una gran cantidad de recursos públicos para invertir, lo que saldrá de impuestos o deuda, por lo pidió revisar que “no nos salga más caro el caldo que las albóndigas”.
Además, Carlos Rodríguez Sámano aseguró que el sistema eléctrico debe ceñirse a la modernidad y no están en contra de modificar la normatividad del sector, aunque reiteró que no es necesario una reforma constitucional.
