En su desesperación por jalar energía verde incluso de donde no hay, el gobierno federal podría estar considerando como energía limpia la que se genera en procesos de la industria petrolera sin ninguna medición, evaluación ni nada que se le parezca.
Y es que en automático, las reformas, adiciones y borrones que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de Leopoldo Melchi García hizo de cuatro resoluciones de ese organismo, emitidas entre 2011 y 2012, están convirtiendo en energía limpia todo aquello en donde esté involucrado el gas natural.
El Acuerdo modificatorio con número A/018/2023, publicado por la CRE el 26 de mayo pasado y que establece los criterios y metodologías para determinar qué sistemas pueden considerarse como cogeneración eficiente, borró una parte de la Disposición Décimo Sexta de la Resolución RES/291/2012, en la cual se define qué sistemas de cogeneración serán considerados como eficientes, pero eliminó la parte que incluía a la industria petrolera: “o bien se trate de procesos de la industria petrolera, los cuales deberán ser evaluados en términos del presente instrumento”.
Nos dicen que estas y otras modificaciones tendrían dedicatoria a Petróleos Mexicanos (Pemex) de Octavio Romero, firma estatal que cuenta con la empresa productiva subsidiaria de Pemex Cogeneración y Servicios y unas seis centrales eléctricas en la modalidad de cogeneración.
¿Green-battery Washing?
El gobierno federal estaría buscando hacer un “lavado de energía” que, además, desincentivaría las ya de por sí muy desanimadas inversiones en energías renovables en el país.
Resulta que la Secretaría de Energía de Rocío Nahle García utilizaría como “lavadoras” a los sistemas de almacenamiento que guardarían la energía producida por las centrales de generación actuales de –suponemos– cualquier tipo de tecnología, por muy sucia que sea, para posteriormente liberarla al Sistema Eléctrico Nacional como “energía limpia”.
Básicamente, la Sener propone bajarle el switch a las renovables y almacenar la energía que produzca la CFE, o sea con combustóleo, carbón y gas natural. ¡Imagínese!
Bueno, esto es lo que nosotros suponemos porque la Secretaría publicó en su reciente Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2023-2037 que hay la intención de “desplazar” la energía de las centrales solares y eólicas que no cuenten con baterías y en su lugar meter la energía de los sistemas de almacenamiento. Como referencia, actualmente la energía producida por baterías es de tan solo 12.3 GWh. O sea, casi nada.
¿Y después qué sigue? ¿Otorgar Certificados de Energía Limpia a esa electricidad “lavada, enjuagada y centrifugada”? Es pregunta.
Se ahoga el niño y no tapan el pozo
No se puede tapar el sol con un dedo: en Pemex los accidentes son cosa sabida y reconocida por la institución, existe un organismo especializado para la prevención de los mismos: el Sistema de Administración de la Seguridad, Salud en el Trabajo y la Protección Ambiental (SSPA).
En teoría, este organismo se encarga de la prevención de accidentes a través de incorporar las mejores prácticas, las “lecciones aprendidas” de incidentes que ya ocurrieron, auditorías, inspecciones, etcétera.
En la evaluación del Plan de Negocios 2022, la propia empresa reconoce que es “fundamental revertir la tendencia observada este año en accidentabilidad”, pero la tristísima realidad contrasta con la teoría. En el primer trimestre de este año el índice de frecuencia de los accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo aumentó 37.5 por ciento en comparación con el año anterior, a lo que se suma que el indicador del periodo enero-marzo de 2023 (0.58 MMhh) es el peor para un primer trimestre en los últimos 10 años.
Más allá de la productividad de la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza, las deficiencias en las políticas de seguridad industrial implican las muy lamentables pérdidas humanas. Aquí ya no se trata de política energética, o siquiera de política, sino de la responsabilidad de salvaguardar las vidas de cientos de miles de trabajadores de Pemex.