Coincide PRI en que electricidad debe ser un derecho humano

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó esta semana dos propuestas de reformas constitucionales en materia de electricidad, como alternativas a la iniciativa que enviara a esa Cámara el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En ellas, el PRI coincide con la iniciativa presidencial en que es necesario reconocer el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, mismo que debe estar establecido en la Constitución.

Sin embargo, las diputadas Yolanda de la Torre y Ana Lilia Herrera aseguraron en su propuesta presentada este jueves que el reconocimiento de este derecho no puede vulnerar otros derechos fundamentales.

“El desarrollo debe ser sostenible o no será tal, porque cuando se compromete la viabilidad del mundo para las futuras generaciones, de nada sirve que en una Constitución se reconozca un derecho y luego para garantizarlo, se vulneren otros, como la salud, el medio ambiente limpio, pero sobre todo la supervivencia”, expusieron ambas legisladoras.

Para garantizar el derecho a la electricidad, De la Torre, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y Herrera, de las Comisiones de Igualdad de Género y Derechos de la Niñez y Adolescencia, se pronunciaron por un modelo que combine la participación pública y privada en la generación, distribución y suministro de electricidad, “con una competencia real que acerca la tecnología a las personas y combate la pobreza eléctrica”.

También propusieron retomar la figura de autoabasto, especialmente para desarrollo individual, comunitario y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes) y, con ello, puedan tener acceso a los beneficios de la transición energética. “La transición energética no solo es un elemento que provee energía, si no, que conecta comunidades y disminuye brechas sociales”, aseguraron.

Al respecto, justificaron que la transición energética puede ser el trampolín para que, además de abaratar los costos de la generación de electricidad, se establezca un piso mínimo para ciudadanía o se les dote de la tecnología necesaria para tener acceso al suministro de electricidad, incluso para considerar su suministro suficiente para la subsistencia como uno más de sus derechos.  

Por su parte, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, especificó que en la Constitución se debe plasmar “la obligación de garantizar la autosuficiencia energética y el abasto de energía bajo los principios de equidad social, productividad y sustentabilidad. Todo ello se plantea desde la óptica de los derechos humanos”, esto en un párrafo séptimo adicional al artículo 25 de la Carta Magna.

En este mismo artículo, el legislador priista consideró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe continuar siendo una empresa productiva del Estado, contrario a lo que propuso el presidente López Obrador de darle un rango de dependencia del Poder Ejecutivo.

“La presente reforma busca mantener el término empresa productiva porque en un principio no queda claro si el término ‘organismo del Estado’ hace referencia a un organismo descentralizado a una paraestatal o a alguna figura nueva”, apuntó el diputado Mendoza Bustamante.

“El término empresa productiva del Estado establece un modelo de regulación más flexible que permite un mayor margen de operación y que la dota de herramientas suficientes para participar en el mercado en condición de igualdad con otras empresas similares”, agregó.

Respecto a la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico nacional, el legislador propuso que se otorguen concesiones y contratos solo cuando se correspondan a energías limpias.

“En un intento de fortalecer los compromisos internacionales y garantizar el desarrollo de un país libre de energía contaminante se establece que el Estado deberá liderar, regular y atender los mecanismos necesarios para lograr la transición energética, estando en posibilidad de otorgar concesiones o contratos sólo cuando sean correspondientes a energías limpias y sostenibles que permitan garantizar el derecho a un medio ambiente sano”, se lee en su iniciativa fechada el 29 de marzo pasado.

De esta forma, añadió, se mantiene la rectoría del Estado, pero se salvaguarda la posibilidad de atender a proyectos centrados en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan la transición energética. Adicionalmente, dijo, se enfatiza en la importancia de preservar el derecho al medio ambiente sano.

Otro punto a destacar es que la iniciativa del diputado Mendoza propone mantener la autonomía de los órganos reguladores del sector energético. “Se considera fundamental mantener a los órganos reguladores de energía como instituciones autónomas que permitan garantizar el derecho humano a la electricidad”, afirmó.

El PRI reconoció la importancia para México de respetar los compromisos de México adquiridos con la firma de tratados internacionales, tal como se planteó en los diversos foros de Parlamento Abierto que la Cámara de Diputados llevó a cabo en enero y febrero de este año.

“Este documento es producto de la reflexión de los foros del parlamento abierto y por tanto supone un esfuerzo por lograr la consolidación del sistema eléctrico nacional desde una visión plural que garantice la seguridad energética de la nación de manera sustentable y ambientalmente responsable de acuerdo con lo establecido con los tratados internacionales suscrito por el Estado mexicano”, escribió Mendoza Bustamante.

“A la par el texto propuesto en esta iniciativa respeta las obligaciones delineadas en los tratados comerciales que hacen de México un destino favorable para la inversión nacional y extranjera en condiciones de responsabilidad social”, concluyó.

Se espera que en los próximos días, por lo menos las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presenten sus propuestas alternas de reformas constitucionales en electricidad.