La compra de las 13 plantas de Iberdrola por parte del gobierno federal es una mala decisión, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En un análisis, el organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advierte que para la compra se utilizaron recursos públicos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para adquirir las generadoras por seis mil millones de dólares.
El CEESP reconoce que la reducción de activos financieros netos se compensa con una compra de activos físicos, que son las plantas de generación, lo que en principio sería neutral en la deuda pública neta desde el punto de vista de una contabilidad patrimonial.
Sin embargo, el CEESP advierte que la compra de las plantas genera al menos tres implicaciones negativas como política pública.
La primera de ellas es una señal negativa hacia la inversión en el país, debido a que es precedida por ataques verbales del propio presidente a Iberdrola, sin contar con pruebas objetivas de las acusaciones.
En segundo término, el centro de investigación señala que las plantas implican gastos de mantenimiento a futuro, mismos que serán difíciles de solventar.
Finalmente, el CEESP consideró que en el momento actual del país es necesario que la política pública se concentre en crear todas las facilidades posibles a fin de sacar el mayor provecho de la relocalización o nearshoring.
En este sentido, el organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial señaló que la inversión en líneas de transmisión y distribución, que es monopolio de la CFE, ha sido insuficiente. Dichas inversiones han estado significativamente por debajo de lo planeado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) desde 2019.