Contra reloj que el tiempo se acaba

Está por concluir el sexenio y en energía quedan planes por cumplir. La política energética ha sido regresar al control gubernamental a través de Pemex y CFE. A pesar de la tenacidad por desmontar la Reforma del 2013, su marco legal sigue en pie. ¿Qué entregará el gobierno a fin de sexenio?

“Está por concluir el sexenio y en energía quedan planes por cumplir”.

Lo que se prometió y por qué. En campaña al inicio del gobierno se calculó que a 2024 México produciría más de 2.6 MMBD de petróleo (cada M = 1,000), es decir, agregar 1 MMBD. Habría varias refinerías nuevas en el país y las existentes funcionarían al 76% de su capacidad de 1.5 MMBD. Para el gas natural la producción pasaría de 3.5 a 4.9 MMMPCD entre 2019 y 2024. En el sector eléctrico, la CFE recuperaría la capacidad instalada con mantenimientos correctivos en las plantas térmicas, la repotenciación de las hidroeléctricas, además de ampliar la capacidad con grandes plantas de ciclo combinado con base en gas natural.

Los precios de la electricidad, las gasolinas y de otros combustibles se mantendrían en términos reales. En cuanto al bienestar, la población tendría mejor acceso a los energéticos. En los tres primeros años del sexenio se reforzaría la economía de Pemex y CFE. Acto seguido, ambas generarían ingresos para sus proyectos y rentas para el gobierno. Las dos paraestatales volverían a ser instrumentos de conexión de la federación con los estados.

La explicación sobre el cambio de política energética para favorecer a Pemex y CFE fue que las administraciones del pasado intentaron llevarlas a la quiebra. Se perdió soberanía con la importación de energéticos y al adjudicar permisos y contratos a empresas extranjeras.

Lo que se intentó cambiar. El gobierno intervino para controlar las decisiones y actividades de la CRE, CENACE, CENAGAS, CNH, ASEA y CONUEE, además de dar fuertes apoyos financieros y/o fiscales a Pemex y a la CFE. Canceló las rondas de licitaciones para contratos de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos. Advirtió a las empresas de E&P que sus logros eran magros. Pemex, en la selección de contratistas de servicios petroleros y para la Refinería Olmeca dio preferencia a las asignaciones directas y a las invitaciones restringidas. Se agregaron requisitos a los privados para la importación, almacenamiento, comercialización y distribución de petrolíferos. La CRE limitó la apertura de gasolineras de nuevas marcas. Postergó los trámites de solicitud de permisos o de sus modificaciones, sin dar fecha, lo que provocó amparos por parte de los afectados.

La CFE, en 2014 dividida regionalmente para competir, en 2019 retornó a su reunificación, además de recuperar su influencia sobre el CENACE. Cancelaron las subastas para el suministro de servicios básicos, de los CEL y de compradores independientes de electricidad. Dieron preferencia al despacho de la electricidad generada por la CFE. Forzaron negociaciones con empresas de transporte de gas natural para pactar términos distintos a los que resultaron de las licitaciones y contra algunas empresas que por fuerza mayor no concluían la construcción de los gasoductos. Iniciaron procesos para modificar los contratos de adquisición de gas natural. Detuvieron proyectos de energías renovables argumentando que se sustentaban en condiciones subsidiadas por la CFE. A través de resoluciones de la CRE, de reformas a la LIE y de una iniciativa constitucional de Reforma Energética, el Gobierno intentó revocar anticipadamente los permisos de autoabastecimiento de electricidad que aún subsistían.

Lo que sí se hizo. En 2019 Pemex E&P anunció 19 campos nuevos para su desarrollo y la perforación de pozos adicionales en varias de sus asignaciones a fin de acelerar la extracción de gas y petróleo. Se otorgaron recursos millonarios en aportaciones patrimoniales y créditos fiscales a Pemex para la E&P, la refinación y pago de deuda. Las inversiones en exploración disminuyeron al enfocar la producción en aguas someras y tierra, así como en Ku-Maloob-Zaap, Ayatsil y Xanab. Un mayor porcentaje del crudo se destinó a las refinerías nacionales. Se financió el mantenimiento de las refinerías y algunas plantas de procesamiento, como coquizadoras, además de proveer recursos para la refinería en Dos Bocas. Compraron pipas para transportar petrolíferos y con ello eliminar el huachicol. Mejoró la franquicia de gasolineras Pemex para hacerla competitiva.

La CFE ha aumentado moderadamente sus plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión y distribución. Compró turbinas para hidroeléctricas a fin de cubrir demandas pico. Invirtió en ductos para llevar más gas a sus plantas de CFE en Yucatán. CFEnergía fue convertida en brazo comercializador de energéticos de la CFE. Se redujeron los años de servicio para la jubilación de los empleados de la CFE, y se pactaron pagos extras a los pensionistas de la extinta LFC.

Los resultados obtenidos muestran que se logró detener el descenso de la producción petrolera, la degradación de las refinerías, asegurar la oferta de petrolíferos de Pemex con la adquisición de la refinería Deer Park, la construcción de la refinería Olmeca y la modernización de las gasolineras.

En electricidad la CFE se orientó a la construcción de 16 plantas para alcanzar un incremento de 9,000 MW en capacidad instalada, incluyendo un gran parque solar en Sonora que se desarrollará en etapas. Con la operación de 13 plantas que adquiridas por el fondo MIF a Iberdrola, la CFE espera cubrir el 54% del mercado eléctrico. En líneas de transmisión planea agregar 3,500 km y 42 mil km en distribución. Para el suministro de gas natural, la CFE ha hecho alianzas con TC Energía para ampliar en 778 km el ducto Texas a Tuxpan, con New Fortress para la venta de gas a su planta de licuefacción en Altamira y con Sempra para una planta de licuefacción en Topolobampo.

El cierre que se aproxima. A pesar de los esfuerzos por mantener la funcionalidad del sector, quedan proyectos inconclusos en refinerías, transporte y almacenamiento de petrolíferos, en plantas de generación térmicas y renovables, en líneas de transmisión y distribución de electricidad, en permisos a empresas que cumplen con los requisitos legales y regulatorios. La extracción de gas y petróleo se encuentra a un nivel similar al de 2018, aunque los condensados y la producción de crudo de los privados han aumentado. Desafortunadamente, la balanza petrolera registra un déficit récord por baja en las exportaciones de crudo, del aumento en importaciones de petrolíferos y gas natural, éste último para cubrir la demanda del sector eléctrico.

En cuanto a la producción de crudo y condensados, en 2024 se espera poder alcanzar alrededor de los 2 MMBD sumando la extracción de Pemex (1.6 a 1.8 MMBD), de los privados (100 a 150 mil BD) y la producción de condensados (200 a 250 mil BPCE). Para mantener ese nivel necesitarán aumentar las reservas probadas ya que hoy solo respaldan 10 años de extracción de crudo y 6 de gas natural. Los niveles de inversión en E&P han sido inferiores a lo proyectado.

Varias petroleras privadas se han retirado de la E&P en el país o han devuelto áreas contractuales. La deuda de Pemex con sus proveedores es muy alta. Genera distorsiones por el costo financiero, la insuficiencia en los flujos de dinero y el desencanto de las empresas en los proyectos de Pemex.

De los 4 MMMPCD del gas natural que se extraen en México, Pemex consume la mayor parte, incluyendo la quema y venteo, dejando 1 MMMCFD para el resto del país que consume 7 MMMPCD, por lo que la población debe importar 6 MMMPCD que a su precio se agregan costos de transporte, comercialización e impuestos. Las importaciones de gasolina, diésel y gas LP deberían ir disminuyendo, pero las pérdidas en las refinerías del país no logran justificar su sustitución. En cuanto al almacenamiento de petrolíferos, su disponibilidad alcanzaría para solo tres días y en gas natural para 2.5 días. El precio de la gasolina al consumidor sigue estando más caro que en EE. UU.

El parque de generación de electricidad de la CFE conserva plantas obsoletas y usa combustóleo en varias de ellas. Las líneas de transmisión y distribución muestran saturación en varios tramos.

Hoy 36% de la población vive en pobreza energética por falta de acceso a suministros o por carecer de los bienes para consumir energía. La población en pobreza ha crecido, por lo que la demanda energética en esas familias y del pequeño comercio se ha contraído.

Se siente la premura en el cumplimiento de los objetivos energéticos. Los indicadores muestran estagnación energética. La capacidad para satisfacer la demanda del nearshoring o del PIB corre el riesgo de provocar más importaciones, contingencias de desabasto o vulnerabilidad geopolítica.

Con prisa se instrumentan medidas regulatorias, se hace confusa la publicación de datos, se adquieren plantas usadas de refinación o de generación de electricidad. Sigue en duda la fecha de operación total de la Refinería Olmeca o de varias plantas de la CFE. El Litio y el grafito se manejan como riquezas similares al petróleo, sin contar con estudios completos sobre su competitividad.

Hacia el cierre del sexenio se vislumbran pocos cambios sustantivos para los usuarios, además de rezagos en la descarbonización de los energéticos. Para las empresas privadas del sector energía, esta administración se ha traducido en un menor espacio legal, obstáculos institucionales, creciente poder de mercado de Pemex y CFE. En el sector industrial y exportador, los usuarios se topan con insuficiencias en energías verdes, trabas para hacer interconexiones, riesgos en la continuidad de abasto. Son notorios el atraso administrativo y la burocratización. El endeudamiento de Pemex y CFE es superior a sus activos, lo que conlleva el riesgo de bajar su calificación crediticia, deber a mayores tasas de interés y tener dificultades en la renovación del financiamiento.

Habrá otros intentos para retornar a los monopolios, aunque no hay recursos financieros, ni apoyo de los socios comerciales para seguir en esa senda. Este gobierno habrá usado al sector para surtir de energía al país, obtener rentas, pagar lo indispensable para mantener el estatus quo. Las reservas de hidrocarburos serán bajas, al igual que la vida remanente promedio de los activos. Dejará inconclusas las reconfiguraciones de las refinerías. En su plan de negocios a 2027, la CFE incluye un listado de 26 plantas por 8.7 GW, de los cuales 88% son con base en gas natural y 12% en energías limpias, por lo que será difícil cumplir con el Acuerdo de París. Los retos aquí nombrados y los que no caben en este recuento se heredarán al siguiente gobierno, del partido que sea.