Fricciones y desencuentros con los empresarios marcaron los primeros dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien maneja un discurso contradictorio en el que acusa abusos y corrupción de la iniciativa privada, desde el NAIM hasta los gasoductos, pero al mismo tiempo reconoce que la inversión pública por sí sola no reactivará la economía.
En el sector energía se ha implementado una política ruinosa e intencional de frenar o destruir la inversión privada en todos los frentes, supuestamente para abrir mercado para Pemex y CFE. Nada de crecer el pastel para todos. Se niegan permisos y autorizaciones, ya no hay rondas y subastas, sólo importan las empresas estatales y los megaproyectos de AMLO.
Se han presentado ya tres paquetes de infraestructura poco atractivos para que la IP apoye la inversión pública. No hubo ningún proyecto energético en el primero. En el segundo, sólo proyectos de refinación para Pemex, nada rentables y que no atraen la participación privada directa. En el tercero, media docena de plantas de ciclo combinado para la CFE financiadas por privados. En los tres, casi nada que valga la pena.
Lo inaceptable de esta política es que implica oportunidades perdidas y daños a la economía nacional. Para empezar a dimensionar éstos, basta con ver la propuesta de 279 proyectos de infraestructura energética que preparó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en agosto pasado, que no fueron palomeados por el Presidente y que no han visto la luz del día.
Ahí aparecen 66 proyectos de granjas solares, 49 eólicas, 18 estaciones de servicio y 31 terminales de almacenamiento, entre otros. Todos ellos sin esperanzas de recibir permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o de otras autoridades para operar.
Y es sólo la punta del iceberg. La instrucción presidencial es bajar la cortina a casi todas las nuevas inversiones privadas en energía. El Presidente dice que la IP ya opera el 46 por ciento de la generación eléctrica y el 20 por ciento de la producción petrolera, cuotas que, según él, no deben aumentar. Siendo así, ¿cómo impulsar nuevos proyectos de inversión privada directa?
Es imposible cuantificar con precisión cuántos proyectos, pequeños y grandes, se han frustrado. Muchas compañías relatan que en este año 2020 pudieron haber aprobado y arrancado numerosos proyectos, si no fuera por la cerrazón oficial. Son decenas de miles de millones de dólares de inversiones no realizadas en energía. ¿Serán, quizás, más de 100 mil millones de dólares no invertidos en toda la economía por la pérdida de confianza? Implícito también es que, en consecuencia, el costo de la energía será más caro.
Se frenan incluso obras terminadas, como eólicas o gasoductos, y proyectos en marcha. Ahí está el caso del cierre de la válvula de gas en el Proyecto Etileno XXI de Braskem Idesa. Es una decisión unilateral del gobierno, un abuso de autoridad porque, si bien venció un contrato de suministro firme, seguía vigente otro de suministro interrumpible, además de que no hay otra opción de abasto de gas etano para la planta. El futuro del proyecto, en el que se invirtió más de 5 mil millones de dólares, ahora está en entredicho.
El gobierno no parece aquilatar que en el sureste del país, después de Pemex, Etileno XXI es la única inversión industrial de gran escala que provee empleos a miles de familias e insumos a cientos de negocios. Además, da valor agregado a los hidrocarburos. Pero el gobierno acusa corrupción, aunque –como siempre– no hay probatoria, y corta discrecionalmente una negociación de abasto y precios para un proyecto esencial para la vida económica del sureste.
Ahora, se teme, con la salida de Alfonso Romo como enlace con la IP, que pudiera venir una postura aún más radical de AMLO contra los empresarios. De ahí un reto crucial para el 2021: ver la forma de cambiar la actitud del Presidente. Si no, ¡qué futuro más aciago nos espera!
Artículo publicado hoy en el Periódico Reforma. Léalo en el diario en esta liga.
*Analista de la industria energética. Su e-mail: david.shields@energiaadebate.com