¡Qué papel más triste, penoso, incluso trágico para México, les toca jugar a los reguladores energéticos en la 4T! El Presidente López Obrador, al plantear una “nacionalización energética”, seguramente con fines electorales en el año 2021, pretende que los reguladores sean simples comparsas en su misión ideológica de “rescatar” a Pemex y CFE y frenar la inversión privada en energía, quizás incluso al grado de revertir leyes e inversiones ya realizadas.
“Lealtad ciega”, exige el Presidente a los suyos. Lo cual implica obediencia a la instrucción presidencial de ya no otorgar más permisos a particulares para proyectos energéticos, que es la función legal de los reguladores. De hecho, él capturó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mediante el nombramiento de leales y ahora les exige infringir la ley para –supuestamente– favorecer así a Pemex y a la CFE.
Al Presidente no le importan los cargos y la legalidad, sino los encargos y la lealtad, lo cual es inadmisible. Los comisionados, para quedar bien con él, mantienen detenidos proyectos privados de generación eléctrica, sobre todo de energías renovables, al no emitir las autorizaciones para que las centrales puedan empezar pruebas y operaciones comerciales. También fueron instruidos a no otorgar más permisos para gasolineras y almacenamiento de combustibles.
El riesgo para los comisionados, al incumplir sus funciones, es que las empresas afectadas, al no ser atendidas debidamente en sus trámites, podrían fincarles responsabilidades en lo individual por omisión y por incumplimiento de la legislación y la regulación.
Los comisionados deberían saber que el Presidente está equivocado en su visión y que la inversión privada no perjudica ni desplaza a CFE y Pemex, sino que crece y robustece la infraestructura del país. Pensar lo contrario es una fobia nacionalista sin sustento. Los privados quieren contribuir al éxito de CFE, Pemex y del país. Quieren brindar soluciones, no estar en pleitos.
Los comisionados deberían saber que el Presidente les está exigiendo transgredir la ley para imponer una visión ideológica y falsa de política energética. Regresar a los monopolios –si es que él lo plantea en serio– podría implicar expropiaciones de enormes consecuencias y terminar haciéndole mucho daño al país. Ésa no es la forma de rescatar a Pemex a CFE.
En primer lugar, está la dignidad. Entendimos la renuncia de Alfonso Morcos al frente del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace) como una decisión personal ante la instrucción presidencial de contravenir las reglas del despacho eléctrico fijadas en ley. Igualmente, para no delinquir, Jaime Cárdenas renunció al Indep.
Los comisionados de la CRE tienen un deber legal y moral que no es de lealtades. Están obligados a emitir autorizaciones de acuerdo al marco jurídico vigente, no frenarlas administrativamente como ahora lo hacen. Deben mostrar resultados en la ejecución de la política energética. En gobiernos anteriores, los comisionados también daban la cara en público para explicar los avances regulatorios, pero los actuales no han asumido ese papel.
Al final del día, si fallan el sentido común y el diálogo y si no se respeta la ley, las empresas perjudicadas podrán ir a juicios y arbitrajes, promoverán la impugnación y buscarán que se resarzan daños y se sancionen a los funcionarios responsables. Demandarían también al gobierno por incumplimiento del T-MEC.
Señores comisionados de la CRE, apelo a su conciencia: ¡renuncien, por favor! Por dignidad. No sean delincuentes. O si no quieren renunciar, lleven a cabo las funciones inherentes a su cargo, en vez de cumplir incondicionalmente el encargo. Sean nacionalistas de verdad y pongan la nueva infraestructura privada a operar. Aprueben las autorizaciones que están en proceso y respeten los permisos ya otorgados. Háganlo conforme a ley y por México.
Artículo publicado hoy en el Periódico Reforma. Léalo en el diario en esta liga.
David Shields es analista de la industria energética. Su e-mail: david.shields@energiaadebate.com