Desorden regulatorio amenaza con bloquear proyectos energéticos en Yucatán

La burocracia y la ineficiencia regulatoria son el principal freno para que Yucatán logre atraer inversiones y pueda desarrollar proyectos en energía, coincidieron analistas y autoridades.

Mirelle Segovia, Directora de Transición y Eficiencia Energética de la Agencia de Energía de Yucatán, explicó que la mayoría de los trámites de interconexiones con suministro energético dependen del Gobierno Federal, pero el desarrollo de proyectos energéticos e industriales de cualquier tipo necesita homologación a nivel estatal y municipal.

Durante el webinar “¿Cómo detonar la inversión en México?: Caso Yucatán”, organizado por México Evalúa, Segovia enfatizó que Yucatán debe tener una estrategia homologada en permisos de construcción, cambios de uso de suelo y factibilidades, porque eso refleja que el plan y programa se ejecuta de manera ordenada, organizada y estructurada, junto con los municipios.

“Estos proyectos de empresas e industrias que invierten en el estado (…) necesitan tener certeza jurídica, necesitan tener certeza regulatoria y que todos estemos hablando el mismo lenguaje”, afirmó.

Señaló que Yucatán tiene una cartera importante en inversiones de proyectos energéticos por más de 4.5 mil millones de dólares, que incluye una central de ciclo combinado en operación. Recalcó que la Agencia de Energía no ha agregado una regulación más, sino que funciona como puerta para encaminar a los industriales y los diversos sectores.

“Les da certeza sobre con quién hablar, qué necesitan y qué información requieren para sus trámites federales ante CFE, SENER y la Comisión Nacional de Energía, porque son demasiadas ventanas y los procesos se desconocen, pero la Agencia los lleva de la mano”, dijo.

De igual manera, detalló que el tema regulatorio es fundamental en el gasoducto Mayakan, inversión federal que alimentará las dos centrales de ciclo combinado para dar más estabilidad y seguridad energética.

Explicó que el proyecto pasa por cuatro estados, pero solo en Yucatán atraviesa 11 municipios y 21 comunidades. Advirtió que cada uno de los 11 municipios tiene una estructura regulatoria diferente, lo que genera múltiples complicaciones en un solo proyecto.

A nivel regional, añadió, son 450 municipios involucrados, cada uno con permisos distintos, y eso frena una obra nacional que dará estabilidad energética a la península y al sureste.

Por eso aseguró que el marco regulatorio federal ya es robusto, pero insistió en que lo que se necesita a nivel local es una regulación que incentive lo establecido por el Gobierno Federal, para que los proyectos de mediana, pequeña y gran escala se concreten de manera rápida.

“Esta transición energética es de un trabajo conjunto y sobre todo esta transición energética tiene que tener un marco muy claro de hacia dónde vamos y que estemos en la misma estructura cuando estamos hablando de los proyectos”, aseguró Segovia.

Por su parte, el subsecretario de Planeación y Análisis Económico, de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán, Andrés Bates, indicó que se ha estado trabajando en la primera Política de Desarrollo Industrial del estado, elaborada desde octubre de 2024 con el IFM Engage de la Universidad de Cambridge.

Proyectada a 25 años, la estrategia se basa en planeación, ordenamiento territorial e impulso a la inversión productiva, mediante cinco ejes estratégicos: talento humano, infraestructura productiva, innovación y tecnología, encadenamientos productivos, e impulso global y atracción de inversiones, según refirió.

Bates ubicó el plan dentro de los mecanismos de simplificación, administración y digitalización que impulsa el Gobierno del Estado para facilitar la ejecución de proyectos industriales. Como parte del plan, el estado ya homologa criterios tarifarios y unidades de medida en tres trámites clave para reducir la discrecionalidad municipal.

Además, mencionó que hoy en día se está impulsando y finalizando la construcción de dos centrales de ciclo combinado que van a agregar alrededor de  mil 500 megawatts a la matriz energética que harán a Yucatán por primera vez en la historia superavitaria.

“Esto a su vez destapa otras necesidades de infraestructura como lo son la transmisión y transformación de energía para poder llevar la energía a donde se requiera”, añadió.

En este contexto, Marciel Diaz, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Yucatán, señaló que en proyectos de infraestructura y energía la entidad no puede actuar de forma aislada y debe coordinarse con toda la península. Detalló que Yucatán cuenta con 7 parques fotovoltaicos que generan alrededor de 1 megawatt y cubren cerca del 20 % de la demanda eléctrica estatal, mientras que los 3 parques eólicos suman 200 megawatts y apenas representan el 5 %.

Con ambos, solo se alcanza a cubrir 25 % de las necesidades energéticas de la entidad, por lo que el estado sigue dependiendo del 75 % restante.

Añadió que, pese a las plantas de ciclo combinado, la Península sufre apagones constantes por falta de redes de transmisión suficientes, ya que la insuficiencia energética se da en cualquier época del año, ya sea por lluvia, calor, uso de aire acondicionado o heladez.

Durante el evento, David Reyes Aguiar, presidente de Coparmex Mérida, señaló que el estudio que presenta México Evalúa exhibe la urgencia de romper con la burocracia y la tramitología local sí Yucatán quiere liderar la atracción de inversiones. Advirtió que la complejidad administrativa y la duplicidad de requisitos funcionan como un freno invisible para el capital y para el desarrollo del potencial de los yucatecos.

“Para corregir la situación necesitamos reformas jurídicas locales inmediatas. Los reglamentos municipales deben reestructurarse bajo criterios modernos delimitando con precisión las obligaciones del ciudadano y las facultades de la autoridad para eliminar la ambigüedad que hoy impera en el 85% de las observaciones de eficiencia gubernamental”.

Subrayó que la competitividad actual no se mide solo por recursos o ubicación, sino por lo fácil, rápido y seguro que es hacer negocios. Recordó que el nearshoring exige velocidad y certeza jurídica, y que las empresas se instalarán donde los gobiernos actúen como facilitadores, no como aduanas.

“No podemos darnos el lujo de que una empresa gaste o deje de ganar más de medio millón de pesos solo por esperar a que el gobierno le otorgue el visto bueno para abrir sus puertas”

Diagnóstico Regulatorio

Mariana Campos, Directora General de México Evalúa, explicó que el reordenamiento de las cadenas globales cambió la forma en que los estados compiten por inversión. Señaló que ahora las empresas priorizan la velocidad con la que responden las instituciones y la certeza jurídica que ofrecen.

Campos detalló que la dificultad en trámites tiene un costo directo: en Yucatán una empresa puede perder hasta medio millón de pesos solo esperando un trámite. Ese monto se traduce en inversiones frenadas, empleos que no llegan y decisiones empresariales que terminan yéndose a otra región o incluso a otro país.

“Hoy los Estados compiten entre sí por atraer a los mismos capitales, las mismas industrias y los mismos proyectos. Y esa competencia ya no se define sólo por la ubicación o por los salarios. Hoy el centro de todo es la velocidad institucional, la resiliencia de las instituciones y su capacidad de reacción”

Campos afirmó que de las 295 oportunidades de mejora detectadas en el estudio de Yucatán, más del 85 % están en eficiencia gubernamental. Por eso insistió en que modernizar procesos es clave para el crecimiento, porque cada mejora administrativa se traduce en empleo y productividad.

“El crecimiento dependerá cada vez más de la capacidad de los estados para atraer inversión privada productiva. Cada trámite que se digitaliza, cada permiso que se acelera, cada duplicidad que se elimina, puede traducirse en crecimiento en empleo y en productividad”.

Ana Lilia Moreno, Coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, explicó que Yucatán ha demostrado capacidad para detonar mayor crecimiento. En 2024 las exportaciones registraron un aumento de 20 %, las importaciones crecieron 5 % y la tasa de desempleo es de 1.53 %, una de las más bajas del país.

“A diferencia de la tendencia nacional, donde la Inversión Extranjera Directa crece más por reinversiones de empresas ya establecidas, Yucatán destaca por atraer nuevas inversiones en mayor magnitud”, añadió.

Para cuantificar el impacto regulatorio en ese contexto, Moreno señaló que se realizó un ejercicio de costeo sobre 58 trámites analizados: 49 de apertura y 9 de operación. A nivel estatal se revisaron 15 trámites, 14 para apertura y 1 para operación. En los municipios, se evaluaron 31 trámites en Mérida, 27 de apertura y 4 de operación; 11 en Valladolid, 8 de apertura y 3 de operación.

Por otro lado, Moreno detalló que también se hizo un análisis de brechas y obstáculos regulatorios. Cada regulación se evaluó desde tres ámbitos:

1) Calidad regulatoria: para medir la claridad sobre si una empresa está obligada a un trámite

2) Facilidad para hacer negocio: para revisar la libertad operativa para emprender 

3) Operación administrativa: donde se concentraron las mayores áreas de oportunidad.

En este último componente se detectaron 253 elementos a mejorar: 123 a nivel estatal, 65 en Mérida, 34 en Umán y 31 en Valladolid. Los principales puntos fueron pago de derechos con 39 casos, procesos administrativos con 38, medios de presentación con 36, criterios de resolución con 35, tiempos máximos de resolución con 33, vigencia del trámite con 30, requisitos necesarios con 25, unidad administrativa responsable con 12, requisitos ambiguos con 4 y motivo, justificación y objetivo con 1.

En ese mismo análisis, la Coordinadora advirtió que existe un gran número de trámites no registrados en los catálogos oficiales, pero sí contemplados en las regulaciones. A estos se les denominó trámites fantasma.

“Los trámites fantasma generan incertidumbre. Si una empresa solicita el listado de trámites obligatorios y no es claro, o contradice la regulación, se abre la puerta a actos de corrupción”, advirtió.