Aumentó 77% robo de gas LP, advierte la Amexgas

Redacción / Energía a Debate

Durante 2020 se presentaron 23,323 tomas clandestinas en ductos de Pemex que transportan gas licuado de petróleo (gas LP), con un valor de mercado por 30,168 millones de pesos anuales, lo que significó un incremento de 77% con respecto a los datos del año anterior, informó este miércoles la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. y Empresas Conexas (Amexgas).

“Este incremento tan fuerte se explica por el desafortunado crecimiento del 77% del número de tomas clandestinas del 2020 y por el incremento de los precios internacionales de los energéticos este año”, explicó por lo que hizo un llamado a las autoridades para ampliar las medidas de seguridad para restablecer el Estado de Derecho.

“Es necesario aplicar medidas más efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan restablecer el estado de derecho y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad”, expresó la Asociación bajo la presidencia ejecutiva de Carlos Serrano Farrera.

Detalló que en 2019 se registraron 13,136 tomas clandestinas de donde se extrajeron alrededor de 58,000 toneladas del combustible por mes con un valor anual de mercado por 13,224 millones de pesos.

“El mercado negro de gas LP se ha convertido en una actividad muy rentable para diversas agrupaciones que operan al margen de la ley, cuyas zonas de influencia se extienden principalmente en los estados de Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas”, recordó la Amexgas.

Desde su perspectiva, son dos problemas que atacan este sector:

Por un lado, el origen del problema es el robo continuo y creciente a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que impacta negativamente a la empresa del Estado y con ello al patrimonio de todos los mexicanos.

Por el otro, y como consecuencia de lo anterior, es la distribución ilícita del gas robado mediante instalaciones, personas y equipos de reparto que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad de operaciones y de protección al consumidor final que establece la ley y que son fundamentales para poder garantizar la seguridad del 80% de los hogares mexicanos y de cientos de miles de empresas que consumen este gas.

Refirió que el robo de combustibles se ha padecido durante las últimas dos décadas; sin embargo, durante varios años se mantuvo acotado en un volumen menor, que permitió contener el daño ocasionado al Estado mexicano y la sociedad en su conjunto.

Así, para el periodo comprendido entre 2012-2018, las tomas clandestinas del ducto principal de Pemex se incrementaron 750%, totalizando 41,316 tomas a lo largo del sexenio. “Tan solo en los últimos 3 años acumulan 49,040 tomas clandestinas, lo que representa el 59% de todas las tomas acumuladas en los últimos 20 años. Esta situación provocó que el año pasado el ducto estuvo fuera de operación 140 días, es decir el 38% del año, con los costos de mantenimiento, el riesgo y el impacto en generar posibles desabastos para la población”, abundó la Asociación.

También denunció que para completar la cadena del robo de gas, se han formado agrupaciones y pseudosindicatos que pretenden mediante acciones violentas controlar las zonas de reparto.

También subrayó que en el escenario actual del creciente robo y distribución ilícita del gas LP, hay grandes pérdidas para Pemex, para el Estado mexicano y para la recaudación de impuestos. En el caso de los trabajadores, ya que impacta en el empleo formal.

En las empresas formales que se dedican a la distribución, “se frenan nuevas inversiones en el sector energético, pero principalmente pierde la sociedad mexicana, al verse rebasada por la delincuencia y exponerla a inminentes accidentes de graves consecuencias y a pagar todos los costos implícitos de este entorno”, expuso.

Entre otras consecuencias negativas, la Amexgas enumeró que el robo a Pemex ocasiona un desfalco económico de gran magnitud, cuyos recursos podrían atender importantes necesidades de impacto social en el país, sin embargo, el daño que ocasiona la distribución ilícita a la sociedad, está causando un impacto aun mayor al provocar inseguridad para la población, riesgo de accidentes, amenazas, extorsión, lesiones, control de rutas, al igual que tratan de eliminar la libre competencia al pretender fijar precios altos para el consumidor en rutas “protegidas”, la falta de certeza jurídica, desinversión en infraestructura indispensable para garantizar el abasto en el mediano y largo plazo.

“Garantizar el abasto energético debe ser una prioridad para toda la sociedad, mucho más, tratándose de un producto de primera necesidad como lo es el gas LP, por este motivo consideramos prioritario y urgente implementar acciones efectivas, de inteligencia y operativos de seguridad que permitan restablecer el estado de derecho, recuperar la certeza jurídica y brindarle a la sociedad un entorno de estabilidad y seguridad”, apuntó.

“El combate al robo y mercado clandestino de gas LP es fundamental para la estabilidad institucional que requiere México, para garantizar el abasto energético requerido y fomentar el crecimiento, el desarrollo y generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos”, concluyó.